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Latinoamérica

Hacen pública la lista de los Mapuche ejecutados por la dictadura de Pinochet

28-01-2016

El informe fue realizado por la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche con el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Unión Europea, y tenía como objetivo “la realización de un proyecto que propenda al rescate de la memoria por delitos de lesa humanidad, sucedidos durante la dictadura militar en Chile, cometidos por agentes del Estado”, información que ha sido recogida en los informes Rettig, la Comisión de Nuevo Trato y otros organismos como el Museo de la Memoria y los derechos Humanos.

En la introducción se indica que “hemos encontrado 171 casos, 36 casos más a saber, vinculadas a las víctimas mapuche reconocidas por el Estado de Chile; que fueron oportunamente investigadas por las distintas comisiones establecidas para el efecto”. Los casos abarcan desde un menor de 1 año de edad, hasta una persona de 73 años.

También se plantea la hipótesis de que “el asesinato de muchos de ellos está vinculado a la tenencia de la tierra, (muchos de ellos pertenecían a algún asentamiento originado por la Ley de reforma Agraria), como queda establecido por ejemplo en las comunas de Lautaro; Galvarino, Panguipulli, entre otras. También consignamos que la mayoría de las víctimas, figuran como detenidos desaparecidos”.

El “Informe sobre ejecutados y desaparecidos entre 1973 y 1990, pertenecientes a la Nación Mapuche” plantea también la relación entre el Estado de Chile y la nación mapuche desde el contexto republicano marcado por “la pérdida de su territorio y la desaparición de sus comunidades o su asimilación forzada” (p. 11), complementada con la política de “paz forzada” y ocupación de las tierras mapuche, junto a la “integración” bajo la lógica de la asimilación, durante las primeras décadas post republicanas.

El Informe señala que la ley de reforma agraria de 1962 fue tremendamente exigua, sin embargo la movilización de las comunidades mapuche se acrecentó con la política de recuperación de tierras, tomas y corrimiento de cercos, lo que significa que “para fines de 1970, las tierras tomadas superaban las 100 mil hectáreas, dentro de un clima extremadamente tenso” (p. 56). Durante el gobierno de la Unidad Popular existió una política coordinada de devolución de tierras y profundización de la reforma agraria, con la expropiación de “574 fundos con una superficie de 636.288 hectáreas”.

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