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Responsabilidad Social Empresarial

ICAR lanza una guía contra los abusos corporativos de las multinacionales

  • Destinada a los defensores de los derechos humanos vela para que las empresas los respeten debidamente
  • Los autores de la guía denuncian “amenazas, secuestros, criminalización e intimidación”, en varios países contra quienes defienden a los trabajadores
  • En Honduras, tras el asesinato de la indígena Berta Cáceres, el banco de desarrollo holandés FMO y el Fondo Filandés para la Cooperación Industrial congelaron el financiamiento de un proyecto hidroeléctrico

15-06-2016

Las personas defensoras de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la promoción del respeto. A través de su trabajo, ayudan a identificar, prevenir, mitigar, y garantizar la rendición de cuentas por abusos de derechos humanos cometidos por empresas. Para resaltar su papel, la Mesa Redonda Internacional para la Rendición de Cuentas Empresarial (ICAR por sus siglas en inglés) lanza una Guía de orientación para defensores de derechos humanos sobre Planes de Acción Nacional en Derechos Humanos y Empresas. La guía fue elaborada en articulación con el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (SIDH) y reconoce que los defensores de los derechos humanos son un grupo particular de titulares de derechos afectados adversamente por los abusos corporativos.

La guía subraya como aumentan los ataques, amenazas, y hostigamiento contra las personas defensoras que trabajan en temas de empresas y derechos humanos. Estos activistas “se enfrentan diariamente a riesgos significativos para sus vidas y medios de subsistencia ya que, como resultado de sus esfuerzos por defender los derechos humanos frente a actividades empresariales perjudiciales, trabajan bajo amenaza de ejecuciones extrajudiciales, secuestros, vigilancia, criminalización e intimidación”, denuncian los autores del informe. Estos riesgos han sido reconocidos por varios órganos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de los órganos regionales de derechos humanos.

“Si bien los Estados tienen la obligación primordial de promover y proteger los derechos humanos, incluyendo la protección de sus defensores, los Planes Nacionales de Acción (PNA) también deberían sensibilizar a las empresas sobre sus responsabilidades e incluir medidas concretas y acciones que contribuyan a asegurar un entorno seguro y propicio para su trabajo”, aconsejan los autores. La Declaración de la ONU sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos define a un defensor como cualquier persona o grupo de personas que trabaja para promover y proteger los derechos humanos por medios pacíficos. Esta amplia definición abarca a trabajadores/as profesionales y no profesionales de derechos humanos, voluntarios/as, movimientos sociales, periodistas, abogados/as, y cualquier otra persona que lleve a cabo, incluso de manera ocasional, una actividad de derechos humanos.

Personas defensoras que han sido amenazadas

La guía expone los casos de personas defensoras que trabajan en el tema de empresas y derechos humanos que han sido amenazadas e incluso asesinadas. Máxima Acuña de Chaupe, líder de un movimiento social que se opone a un proyecto minero en Perú, presuntamente recibió amenazas de muerte por parte de un empleado de la compañía minera Yanachoa y fue intimidada por aproximadamente treinta miembros de la policía en su casa. El defensor de derechos humanos Andy Hall fue procesado presuntamente por acusaciones falsas de difamación interpuestas por la empresa piñera tailandesa Natural Fruit Company, tras su colaboración en un informe sobre violaciones de derechos laborales.

En Tailandia, muchas personas defensoras de derechos territoriales y derechos relacionados con medio ambiente y empresas, presuntamente fueron amenazadas, incluido Suwit Jeh-Soh, activista comunitario quien fue atacado por personas armadas mediante múltiples disparos. Indra Pelani, un defensor que trabajaba por los derechos de los campesinos contra una compañía que había ocupado sus tierras, presuntamente fue golpeado, secuestrado y asesinado en un puesto de control en Indonesia por guardas privados de seguridad contratados por una subsidiaria proveedora de pulpa de madera para fabricar papel, para la compañía Asia Pulp and Paper.

En Honduras, en respuesta a la muerte de la indígena Berta Cáceres quien manifestó su preocupación sobre un proyecto hidroeléctrico, el banco de desarrollo holandés FMO y el Fondo Filandés para la Cooperación Industrial (Finnfund) congelaron su financiamiento, condenaron el asesinato, e hicieron un llamado público para que se hiciera una investigación exhaustiva. Posteriormente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos definió la respuesta como “seguramente entre el mínimo requerido en una situación como esta por una entidad que financia”, llamando a todas las organizaciones que financien proyectos a demostrar que toman en serio los riesgos a los derechos humanos.

 

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