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Imparable deuda pública en Centroamérica

17-09-2018

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) estima que para el presente año el tamaño del gasto público del Gobierno Central en relación al respectivo Producto Interno Bruto de cada país se ubicará en 21,4% en Costa Rica, 20,4% en El Salvador, 20% en Honduras, 18,4% en Nicaragua, 17,6% en Panamá y 12,1% en Guatemala.

Detalla un estudio del Icefi que, en general, el gasto público de funcionamiento para los gobiernos de Centroamérica se mantuvo constante en alrededor del 12.3% del PIB, mientras que los gastos de capital se redujeron de 3.7% a 3.6% del PIB, siendo más notorio dicho proceso en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, los dos primeros países, como consecuencia de un esfuerzo para tratar de reducir el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública, mientras que en Nicaragua, la reducción es producto de la inestabilidad política que experimenta. Por su parte, el pago de intereses de la deuda pública representa el 2.4% del PIB para toda la región. Sin embargo, para países como Costa Rica, El Salvador y Honduras (3.7%, 3.7% y 2.9% del PIB, respectivamente), este pago se convirtió en una fuerte rigidez que dificulta el alcance de los objetivos de la política fiscal.

En relación al déficit fiscal explica el informe que en la región se incrementará en 2018 hasta el 3.1% el PIB, después de registrar 2.7% en 2017, mientras que la deuda del Gobierno Central pasará del 42.5% al 43.1% en el mismo período. El déficit fiscal crecerá en 2018 en todos los países, salvo Nicaragua, que hasta la fecha, presenta serios problemas de ejecución del gasto público como consecuencia de la situación política. Un caso preocupante es Costa Rica, pues continúa sin consensos para una reforma fiscal estructural. En 2018 se estima que el gobierno central costarricense cerrará con un déficit del 7.0% el PIB, lo que producirá que el saldo de la deuda pública alcance cerca del 53.4% del PIB.

Guatemala, Nicaragua y Panamá, son los países que reportan niveles de deuda satisfactorios para los estándares recomendados por los organismos financieros internacionales. Sin embargo, en los dos primeros países las entidades calificadoras han manifestado sus reservas y cambiado sus perspectivas, de estable a negativa, producto de la inestabilidad política. Panamá continúa teniendo “nivel bajo de inversión”. Es pertinente que los gobiernos de Honduras y Nicaragua transparenten de mejor forma su ejecución fiscal en materia de deuda, particularmente la derivada de fideicomisos y la vinculada con los créditos petroleros de Venezuela para que la sociedad conozca en realidad el monto de sus obligaciones con terceros.

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