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Imparable revuelta de los accionistas contra los escandalosos sueldos de los directivos

22-04-2012

Gonzalo Garteiz

Los recientes rechazos de los accionistas a los sueldos que se quería asignar los banqueros de Citigroup y Barclays muestran claramente que la revuelta de los inversores institucionales, que hasta ahora tragaban, contra los escandalosos sueldos que reinan en las grandes empresas y en el sector financiero, con el agravante en este último de que es un sector al que está salvando de la quiebra el dinero público (BCE y FED, incluidos), va a consolidarse.

Además de la crisis, hay factores legislativos que explican las razones por las que los inversores institucionales, que son los que canalizan el ahorro de muchas personas a través de fondos de pensiones, aseguradoras y entidades de inversión colectiva, especialmente, han comenzado a movilizarse, además del clamor popular, recogido en mayor o menor medida por los medios de comunicación,  contra los sueldos multimillonarios de la nueva casta directiva. La ley Dodd-Frank, impuesta por Estados Unidos, para que los accionistas voten sobre los planes de retribución, ha sido la espoleta que ha desatado esta revuelta.

La ley de Economía Sostenible introdujo en España la obligación de someter a votación con carácter consultivo los planes de remuneración como punto separado del orden del día de la Junta de Accionistas. Hay consenso de que los niveles salariales, fijo y variable, son claramente excesivos, y ya hay quienes reclaman que se obligue a publicar la relación entre el sueldo del presidente y consejero delegado respecto al salario medio de la plantilla (una ratio disparada desde los años ochenta), también se considera que se vincula en exceso los sueldos de los directivos a los resultados a corto plazo, y cuando se hace a largo plazo se toman en consideración insuficientes variables, y la devolución del dinero cobrado es una quimera.

Una primera muestra de lo que puede pasar son las juntas de accionistas de Iberdrola y Repsol a celebrar el próximo mes de mayo, dos compañías que atraviesan horas muy bajas en cotización bursátil, pero con retribuciones muy generosas para sus principales directivos. Antonio Brufau, fue el año pasado el cuarto directivo mejor pagado de España, con 10,2 millones de euros por todos los conceptos. Cómo se explicará ahora tras la debacle de YPF que cobrase un premio especial de 2,77 millones por el gran negocio que supuso la entrada de la china Sinopec en el capital de la filial brasileña. ¿Habrá que retirarle otro tanto por no haber conseguido evitar el riesgo de una expropiación en Argentina?.

Ignacio Sánchez Galán obtuvo 9,5 millones el año pasado y tiene la acción de Iberdrola a 3,59 euros, el nivel de tenía hace 13 años. En pero situación se encuentra la cotización del Banco Santander, a 4,75 euros, el precio de hace 16 años, y sin embargo, el indultado Alfredo Sáenz, su consejero delegado, se embolsó 12,7 millones. Con estos pocos ejemplos vale para subrayar el problema.

En España, el legislador no obliga a ejercer el voto en junta a las instituciones de inversión colectiva y los fondos de pensiones excepto en casos de especial importancia, algo que en otros países sí ocurre, pero el creciente activismo de los “consejeros” de voto (proxy advisors) y los beneficiarios últimos, les forzarán a hacerlo, y un anexo del Código de Buen Gobierno recomienda a los institucionales a ejercer y explicar su voto. Es cierto que muchos de estos inversores institucionales entran en conflicto de interés porque sus gestoras son propiedad de los propios emisores.

También en España hay mucha más concentración del voto que en otros países. Algunos estudios aseguran que en casi un tercio de las sociedades del Ibex 35 el consejo y los tenedores de participaciones significativas controlan más del 50% del capital. Un informe muy reciente de la CNMV sobre el activismo de los proxy advisors, señala que en las juntas del año pasado los puntos más criticados por los institucionales fueron en primer lugar, con el 76% de las quejas, la elección y  relección de consejeros, un 11% atacaba el plan de remuneración y un 5% la autocartera. Además, solamente nueve de las 35 empresas que configuran el índice, recibieron el apoyo a todos los puntos por parte del principal proxy advisor.

Casi un tercio recibieron votos negativos al plan de remuneración por considerarse que los criterios de evaluación del desempeño no se habían hecho públicos, también se pusieron reparos a las comisiones de retribución y a las indemnizaciones establecidas, así como a la ausencia de cláusulas para exigir la devolución de las primas.

El Gobierno de Mariano Rajoy, sensible en este caso a la demanda de los ciudadanos, impuso unos límites notables a la remuneración de los banqueros para aquellas entidades que habían recibido ayudas públicas, aunque dejando cierto margen de discrecionalidad al Banco de España, institución que ha actuado sin la diligencia debida en la vigilancia del saqueo al que han sido sometidas por sus directivos algunas cajas quebradas.

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