El final de agosto ha coincido con la terminación del plazo que se dio la Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O’Reilly, en la consulta pública para su iniciativa de reclamar a las instituciones europeas, en especial a la Comisión, que se equilibren los grupos de expertos que se nombran para asesorar en materia legislativa a los diputados y comisarios.
Tres organizaciones sindicales europeas, ETUC (que aglutina a diversos sindicatos de muchos países miembros), EPSU (federación europea de sindicatos de servicios públicos), Uni Global Union (que engloba a 900 sindicatos del sector de servicios) y la organización de control de lobbies, Corporate Europe Observatory, informaron ayer de que han participado en esa consulta y reclaman al nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, que tome medidas para cumplir con el mandato del Parlamento Europeo, de equilibrar la composición de los grupos de expertos, hacer más transparente la elección y facilitar el procedimiento para participar en ellos.
Estudios enviados a la Defensora del Pueblo muestran el dominio de los grupos por parte de las empresas
Estas organizaciones aseguran que “los intereses empresariales tienen una influencia indebida sobre la toma de decisiones políticas por el desequilibrio a su favor en la composición de los citados grupos de expertos”. Esata afirmación se sustenta en los trabajos de evaluación realizados sobre la composición de los citados grupos de expertos.
Las evaluaciones realizadas muestran que se ha incumplido el requerimiento del Parlamento Europeo, que descongeló en 2012 el presupuesto de 2 millones de euros para estos grupos con la condición de que ninguna de las partes tuviera la mayoría. Sin embargo, los intereses de las empresas fueron cubiertos al año siguiente por el 53% de los miembros, mientras que los sindicatos no representaban más del 14% y similar porcentaje correspondía a los grupos ecologistas.
El informe que presentará el año próximo Emily O’Reilly, será fundamental en sus recomendaciones para modificar el procedimiento y revisión de las actuales reglas horizontales, que influyen claramente en el sesgo corporativo de estos grupos. Ya en el año 2008, el grupo protransparencia Alter-EU demostró que de 110 grupos de expertos, los representantes de las empresas superaban en número a los de sindicatos, asociaciones de consumidores, académicos independientes y organizaciones caritativas. En 40 de ellos, quienes representaban al sector empresarial eran más numerosos que el resto en su conjunto.
En Bruselas prevalece la opinión de que lo que es bueno para las empresas es también de interés público
Cuando se trató de planificación financiera el sesgo era mucho más acusado. En plena crisis, el grupo que encabezó Jacques de Larosiére para hacer propuestas sobre la reforma del sistema financiero europeo a la Comisión, estaba formado por ocho miembros, de los cuales cuatro estaban en bancos partícipes de la crisis, el presidente en BNP Paribas, Otmar Issing, en Goldman Sachs, Rainer Masera, en Lehman Brothers, y Onno Ruding, en Citi. Otro miembro, Lescek Balcerowicz no ocultaba su posición contraria a la regulación.
La organización Corporate Europe Observatory ha realizado otro trabajo sobre la composición de los grupos de expertos nombrados en 15 asuntos diferentes, en campos absolutamente diversos, y el resultado es desalentador. En Bruselas, prevalece la opinión de que lo que es bueno para las empresas lo es también de interés público, en la línea de la famosa frase pronunciada por Charles E. Wilson, un accionista muy importante de General Motors, que fue nombrado Secretario de Defensa por Eisenhower, quien afirmó en el Senado que “lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos y viceversa”. La Comisión tiene que saber que los intereses corporativos divergen en muchos temas de los que tienen los consumidores, trabajadores o simplemente ciudadanos.
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