El tándem Rajoy- Gallardón funciona sin fisuras cuando se trata de restringir los derechos más elementales de los ciudadanos. La plataforma ciudadana por una Justicia de Todos ha lanzado una campaña de recogida de firmas para evitar que se favorezca a determinados colectivos e intereses privados, con la posible privatización del registro civil. La carta que el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Gonzalo Aguilera, remitió recientemente a todos sus afiliados, en la que informaba de que el Ministerio de Justicia ha decidido dejar en manos de este colectivo la gestión de las oficinas donde se inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios y demás hechos de naturaleza privada, ha hecho saltar las alarmas.
Denuncia la subasta pública del Registro al mejor postor
El Registro Civil constituye sin duda un servicio público de extraordinaria relevancia en un estado social y democrático de derecho, puesto que afecta a los aspectos más íntimos de las personas como son su nacimiento y fallecimiento, el nombre, los apellidos, el sexo o el cambio del mismo, el matrimonio, el divorcio, la emancipación, las relaciones paterno-filiales, la modificación de la capacidad de las personas, con especial relevancia respecto a los derechos de los menores, entre otros aspectos de igual relevancia. Así exponen sus motivos los promotores de esta iniciativa, desde jueces y abogados a diputados, nuevas formaciones políticas, empresarios, defensores del orden o miembros de profesiones liberales, al tiempo que denuncian como el Ministerio de Justicia ha iniciado desde hace más de un año la subasta pública del Registro Civil al mejor postor, tratando de entregarlo a diferentes operadores jurídicos que han visto reducir sus ingresos tras la crisis económica.
La plataforma ciudadana Justicia de Todos cree que el ministro Gallardón debería comparecer urgente y públicamente y explicar a todos los ciudadanos “si los intereses que ha defendido el decano de los registradores, que casualmente son los mismos que los del presidente del Gobierno, los del cuñado y nuera del propio Ministro y los del propio Director General de los Registros, coinciden con los intereses de todos los ciudadanos”. Desde la Plataforma impulsarán y apoyarán cuantas iniciativas se promuevan para conseguir que se mantenga el modelo previsto en la Ley de Registro Civil, que entrará en vigor el próximo mes de julio, y que apuesta claramente por el mantenimiento del mismo como un servicio público y gratuito.
Busca un cambio histórico en la justicia española
Esta plataforma asegura no nacer de ninguna organización, ni de ningún colectivo profesional, declara su vocación transversal, ciudadana y democrática, y pretende contribuir a articular las bases ideológicas y sociales para un cambio histórico en la justicia española que no se ha completado tras más de treinta años de vigencia de la Constitución de 1978. Nace con el objetivo de contribuir al cambio definitivo en la justicia, una mayor democratización de la misma, la superación del corporativismo y su conquista por parte de la ciudadanía. Anima a toda la ciudadanía, tanto personas como organizaciones de cualquier tipo o ámbito, “a tomar lo que nos pertenece como ciudadanos”.
El Colegio de Abogados de Barcelona exige transparencia
El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) denuncia que la asignación de los registros civiles en favor de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, puede hacer entrar en crisis un servicio público tan importante como el que se lleva a cabo en los registros civiles. El ICAB considera que la previsión del Ministerio de Justicia supone un paso atrás en la proximidad, accesibilidad y protección de datos de los ciudadanos. En un comunicado subraya que no garantiza la gratuidad del servicio público que prestan actualmente los registros civiles. “Es más, es previsible que conlleve otro incremento de los costes para los ciudadanos ya que tendrán que pagar por servicios que actualmente son gratuitos. Será una nuevo “peaje” como lo es la tasa judicial, que sufren desde hace más de un año los ciudadanos y los profesionales de la justicia”.
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