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La banca debe 155 millones por el impuesto a los depósitos de Extremadura, que espera el fallo del Constitucional desde hace 10 años

08-02-2012

El Tribunal Constitucional, en una de sus actuaciones más deplorables,  lleva diez años sin dictar el fallo respecto a la constitucionalidad del impuesto a la banca decretado por la Asamblea de Extremadura, que entró en vigor el 1 de enero de 2002. El hecho es muy grave, teniendo en cuenta que ya otra autonomía, Andalucía, ha decretado un impuesto similar, y que la ponencia está escrita por los letrados del Constitucional desde hace dos años, a la espera de que se debata en pleno.

El Gobierno de José María Aznar, a requerimiento de la patronal de la banca, reclamó al Tribunal que decretara la inconstitucionalidad de la medida y como medida cautelar detuviera la facturación del impuesto. El Gobierno del Partido Popular alegó que este impuesto autonómico era contrario a varios artículos de la LOFCA, y especialmente que conculcaba el principio de territorialidad a la hora del reparto de competencias en materia tributaria. Extremadura consiguió al menos que el Constitucional no detuviera la facturación del  impuesto sobre los depósitos captados por la banca en el territorio, y actualmente tiene pendiente de cobro casi 155 millones de euros, ya que las entidades financieras recurren el acta, avalando la cantidad adeudada. La autonomía solamente ha conseguido hacer líquidos 4,39 millones en los últimos diez años. Aunque no ha revelado qué entidad paga, todo apunta a que esa pequeña cantidad la han desembolsado las cajas de la región.

Fuentes del Tribunal Constitucional achacan a las prioridades de la institución, cuyo pleno tiene pendientes casi 400 asuntos, según la última memoria disponible, correspondiente al año 2010. Sin embargo, todo apunta a la presión política como causa de “la hibernación” del recurso. Un fallo favorable a Extremadura, presidida ahora por José Antonio Monalgo,  del Partido Popular, quien no ha expresado interés alguno en revocar las leyes que se aprobaron con el socialista Rodríguez Ibarra en el Gobierno, desataría una espiral de imposición fiscal a la banca.Los gobiernos regionales, asolados por unos déficit de elevada cuantía, podrían verse tentados a saca dinero a los bancos, teniendo en cuenta además la mala imagen de éstos a consecuencia de la grave crisis económica que en buena medida han generado. Además, Mariano Rajoy, sí es partidario de introducir una tasa europea a las transacciones financieras, que podría servir de moneda de cambio para las regiones, si el Constitucional falla en contra de Extremadura.

 

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