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La corrupción transnacional que recorre América Latina requiere mejor coordinación e independencia de la justicia

06-03-2017

La FIDH junto con sus organismos miembro firmantes expresan su preocupación frente a la grave situación de corrupción en América Latina, reflejada en el caso “Odebrecht” (entre varios otros) que involucran a las más altas esferas de varios países de la región, y solicitan independencia de la justicia y transparencia en la lucha contra este flagelo.

Odebrecht es un constructora brasileña que desde 1979 ha participado en proyectos de infraestructura en diferentes países. Los proyectos, necesarios para favorecer el desarrollo nacional y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos, han estado teñidos de graves actos de corrupción, lo cual además ha significado que a su término, han costado hasta más del doble de lo presupuestado, ocasionando un mayor gasto para las reservas públicas, y socavando la democracia y la vigencia efectiva de los derechos humanos.

Los sobornos cubren a Brasil, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia y México. y han involucrado a Presidentes en cargo, ex -Presidentes, Ministros, Senadores y directores de agencias estatales, entre otros.

El hecho que haya muchas otras empresas que incurren en delitos de corrupción transnacionales en Latino América manifiesta la urgencia de establecer un mecanismo de cooperación entre las fiscalías y sistemas judiciales nacionales, con normativas regionales, e inclusive internacionales [1], que les permitan actuar eficazmente y que garanticen su imparcialidad e independencia frente a los gobiernos y a los grupos de poder que puedan tener intereses en que estas investigaciones no avancen.

La reciente reunión de los fiscales de los países involucrados que en Brasilia [2] refleja la necesidad de una mayor coordinación y cooperación, la promoción de equipos de investigación multilaterales y bilaterales. Debe insistirse en la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos, incluyendo el pago de multas (según la legislación de cada país).

Estos recomendados esfuerzos regionales tendrán que ser complementados a largo plazo por políticas públicas eficaces para combatir la corrupción, como por ejemplo, en el refuerzo o la introducción de mecanismos de transparencia para el manejo de los recursos públicos, según el caso.

Al mismo tiempo se alienta a las organizaciones de la sociedad civil a mantener un rol de vigilancia y de denuncia frente a los actos de corrupción y a movilizarse y manifestar su desacuerdo frente a este tipo de prácticas.

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