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Latinoamérica

Corrupción y crimen organizado financian la política en Guatemala

22-07-2015

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) advirtió esta semana que el financiamiento de los partidos políticos guatemaltecos está marcada por la corrupción y el crimen organizado. Dos meses antes de las elecciones generales la Cicig, que dirige el abogado colombiano Iván Velásquez, dio a conocer un estudio que pone en evidencia la relación entre “el dinero y la política” en este país centroamericano y pidió promover reformas en un sistema que urge de “un profundo cambio”.

Velásquez señaló en la presentación que la inyección de dinero en los partidos, que se realice desde el ámbito público o desde el privado tiene como fin buscar el enriquecimiento propio, una materia “poco regulada” y “opaca” en Guatemala. “Está el crimen organizado directamente vinculado. Son estructuras dedicadas al narcotráfico que han penetrado la política y la institucionalidad pública a través del financiamiento de campañas electorales”, dijo Velásquez.

El letrado colombiano hizo referencia a tres casos conocidos. El primero el de Gustavo Alejos, quien durante el gobierno de Álvaro Colom (2007-2011), de la formación Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ejerció como “recaudador” de las redes de financiación. Según Velásquez, Alejos benefició a las empresas con contrataciones públicas y también a su padre y hermano para posicionarlos como diputados departamentales.

También habló de Gloria Torres, una de las fundadoras de la UNE, quien ya fue investigada y acusada de lavado de dinero por la construcción de una red de entidades que recibía fondos ilícitos de estructuras locales. Por último hizo referencia a Obdulio Solórzano Montepeque, financista y diputado de la UNE, quien, según dijo el jefe de la Cicig, desde el cargo de presidente del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), favoreció “con contratos de obra pública y posiciones administrativas” a la estructura del narcotraficante Otoniel Turcios, extraditado a Estados Unidos en 2010.

Velásquez ve un riesgo para el orden social del país que las personas que concentran el poder económico posean también el político. Esta particularidad, indicó, provoca que la política se organice en torno “a personas y no a proyectos” y favorece el transfuguismo político, además de que convierte a Guatemala en un país “propicio” para cometer delitos electorales “sin ninguna consecuencia”.

A su juicio, el país carece de “una cultura de denuncia” de delitos electorales, lo que provoca que existan “muy, muy altos niveles de impunidad”.

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