La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos denunció en febrero pasado al Ministerio de Agricultura ante la Comisión Europea por avalar ayudas de la PAC a ‘falsos’ agricultores. “Desde hace años, en España, hay rumores de que se vienen abonado las ayudas del régimen del pago único a personas físicas y jurídicas que han arrendado sus tierras a agricultores. Por tanto, personas que no cumplen con lo establecido en el apartado 1 del artículo 33 del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo por no tener la condición de agricultor, vienen percibiendo las ayudas de forma contraria a lo establecido”, se afirma en el escrito dirigido a la CE y al Comisario de Agricultura, Phil Hogan por José Manuel de las Heras, coordinador estatal de la organización. Unión de Uniones asegura que lo que era un rumor ha podido ser confirmado por el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en su web. Pero cuando remite al enlace este aparece roto.
La organización argumenta en su denuncia que Agricultura, en el apartado que lleva por nombre ‘preguntas más frecuentes Reforma PAC 2015-2020’, reconoce que en España hay personas físicas y jurídicas que no disponen de unidades de producción administradas por ellas, sino por otros agricultores que son los directamente responsables del riesgo empresarial derivado de la actividad agrícola o ganadera de su explotación, que han estado percibiendo los últimos años ayudas del régimen del pago único sin cumplir con lo establecido.
Agricultura no ha establecido controles
para verificar la identidad de los
perceptores de las ayudas de la UE
Ante dicha situación y sospecha, según esta organización agraria, el Ministerio en lugar de someter, las solicitudes de ayuda a controles administrativos a fin de verificar las condiciones de admisibilidad al beneficio de la ayuda, ha contribuido con su presunta connivencia y pasividad a que dichas personas hayan creado artificialmente las condiciones requeridas para la concesión de tales pagos. “Si se eliminaran a 71.000 agricultores fraudulentos en España se ahorrarían 550 millones de euros en ayudas de la UE”, declara a La Celosía Joan Caball, encargado de Relaciones con la UE de La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.
La organización también censura que el Gobierno establezca requisitos adicionales a los jóvenes agricultores para poder percibir el pago anual complementario, en contra de la normativa comunitaria. En Bruselas, sus miembros están pendientes de la directiva sobre fitosanitarios que se ocupa de la inspección de los atomizadores y cubas de herbicidas. “Hemos comprobado cómo, en ocasiones, aparatos nuevos totalmente homologados no han pasado los controles. Los funcionarios se han extralimitado en materia de celo”, subraya Joan Caball.
Desde esta organización se muestran contrarios a la resolución sobre la Estrategia Europea en Materia de Alcohol que trata de prohibir el uso de fondos públicos para la promoción de alcohol. En los encuentros que sus representantes mantuvieron con eurodiputados españoles les solicitaron un tratamiento diferenciado a los vinos por ser parte de la dieta y la cultura alimentaria mediterránea.
La morosidad de la CE impide cobrar puntualmente 1.857 millones € a beneficiarios de ayudas
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