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La ley del impuesto sobre la plusvalía inmobiliaria calienta la política en Ecuador

29-12-2016

La Asamblea Nacional aprobó el pasado 27 de diciembre la Ley de Plusvalía en medio de apoyo, rechazo y cierto grado de desconocimiento por parte de la población ante el contenido de la norma. El cuerpo legal se convirtió en uno de los ingredientes que sazona la precampaña electoral con miras a los comicios de 2017.

Con la Ley para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, popularmente conocida como “Ley de Plusvalía”, el oficialismo busca combatir la especulación inmobiliaria, que genera ganancias ilegítimas y encarece el suelo. Rafael Correa dice que así evitarán burbujas inmobiliarias, como las que perjudicaron a España y EE.UU. en años recientes, y que impedirá que se socialicen los gastos en obra pública y se privaticen las ganancias en pocas manos.

Tras el análisis en la Asamblea, la normativa, propuesta a principios de diciembre por el Presidente con carácter de urgente, debe volver a él para que la sancione u objete. La Ley de Plusvalía propone el pago del 75 % sobre la ganancia extraordinaria de bienes, cuando ésta supere los 24 salarios básicos unificados, es decir 8.784 dólares.

Si la ganancia por la venta de un inmueble es mayor a esa cantidad, el vendedor deberá pagar el porcentaje sobre el beneficio, siempre y cuando sea la segunda vez que se realice la transferencia del bien desde la vigencia de la ley y su ganancia no esté debidamente justificada. La recaudación -asegura el Ejecutivo- irá para los municipios y no perjudicará a la promoción y construcción inmobiliaria, como temen agentes del gremio, sino que beneficiará al sector, cuyo principal problema es la especulación del suelo, según Correa.

El Gobierno echó mano de los ejemplos para informar del alcance de la ley. Explica así que una casa comprada en 100.000 dólares y vendida al doble después de una década, no paga impuestos con la nueva ley, mientras que con la actual pagaría 5.000 dólares.

No obstante, si esa misma casa se la vende en medio millón de dólares porque aumenta el valor por la ejecución de obras públicas o porque se especula con el bien, paga impuestos con la nueva ley pues “es claro que hay una ganancia ilegítima, extraordinaria”, subraya. Los detractores se preguntan quién y bajo qué criterios determinará qué es una ganancia ilegítima o cómo se procederá si alguna obra pública afecta de forma negativa a una vivienda y, como consecuencia de ello, se deprecia.

Ese es uno de los cambios incluidos en el debate: en caso de minusvalía, los municipios podrán reconocer hasta el 50 % del valor de afectación a través de notas de crédito, según asambleístas. También están los que se preguntan por qué se deben pagar nuevos valores, si ya se abona cada año un impuesto a los predios y también por mejoras públicas.

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