El Gobierno tendrá que dar explicaciones, si algún parlamentario tiene a bien preguntárselo, de las razones que encuentra para que hace menos de dos meses, el 11 de febrero vendiera el 49% de AENA, la propietaria de los aeropuertos del Estado, por 4.350 millones de euros en una oferta de salida a Bolsa a un precio de 58 euros por acción y menos de dos meses después, esa participación vale en Bolsa casi 7.000 millones de euros, al cotizar ayer a 93,51 euros, lo que supone una revalorización del 61,2%. La principal responsable de este desastre para el patrimonio de todos los españoles es la ministra de Fomento, Ana Pastor, ya que en ningún momento se ha justificado la bondad de esta venta, que solamente satisfacía a la Troika, siempre encantada de que se privatice al máximo la economía, y a quienes han hecho el gran negocio, entidades financieras e inversores institucionales.
El Gobierno esgrimió en el folleto una serie de vacuos motivos para justificar la privatización
El Gobierno, en el folleto de colocación y por boca del emisor, esgrimió unas razones muy poco convincentes para motivar la oferta. Entre ellas, la de “ampliar la base accionarial”, como si esto fuera un valor en sí mismo, “facilitar el acceso del Emisor a la financiación para potenciar el grupo Aena”, cuando el Gobierno se financia más barato que nunca, “potenciar el prestigio, la imagen de marca y la transparencia como sociedad cotizada”, una tontería, y “monetizar la participación del emisor manteniendo el control”, lo que no se dice es qué necesidad había del dinero conseguido, 4.300 millones, cuando la deuda pública es de 1 billón. Esperemos a las explicaciones que se den en el Congreso para encontrar motivos menos peregrinos.
En menos de dos meses, el beneficio agregado de quienes invirtieron en AENA ha sido de 2.610 millones de euros, un regalo del Gobierno de Mariano Rajoy, que además se atreve a presumir de buena gestión. Dos sociedades gestoras de aeropuertos como la española, que también cotizan en Bolsa, Aeroports de Paris y Fraport (aeropuerto de Francfort y otros), se han revalorizado en el mismo tiempo que ha cotizado la española desde la privatización, en poco más del 7% y 5% respectivamente, frente al 61% de la empresa que preside José Manuel Vargas.
El Gobierno no quiso la presencia de los pequeños inversores en una empresa con dividendo seguro
Para más escarnio, de los 73,5 millones de acciones de AENA que se pusieron a la venta en la privatización de febrero, solamente el 5,19% fueron a parar a los inversores minoristas, pequeños ahorradores que podían haberse garantizado un buen dividendo en una época de rendimiento bajísimo de la renta fija a través de una compañía que tiene el monopolio garantizado y unos ingresos también muy controlados excepto que se produzca un derrumbe del turismo. Contrasta esta racanería con los minoritarios con el hecho de que se gastase en publicitar entre el gran público la increíble cifra de 8 millones de euros, cuando no había necesidad alguna ya que había más de 50 entidades financieras colocadoras que vendían a sus clientes la bondad de la operación, por la que finalmente consiguieron muy pocos títulos debido al prorrateo forzado por el exceso de demanda.
Ganancia muy cuantiosa también la que se han llevado los bancos que aseguraron la colocación visto el resultado con muy poco riesgo. El Gobierno, claramente muy mal asesorado por una UTE de Lazard y N+1, concedió a los bancos coordinadores una opción (green shoe) de 6,68 millones de acciones, el 10% de la oferta, que podían comprar al mismo precio de salida, 58 euros, un mes después, cuando cotizaban ya a más de 80 euros, lo que les ha supuesto una ganancia mínima de casi 150 millones de euros. Hacía mucho tiempo que no se daban estos pelotazos en las colocaciones en Bolsa.
Este desastre sin paliativos, que ha costado a los españoles la fortuna descrita al principio por minusvalía patrimonial, se produjo a pesar de que el Gobierno nombró una ‘Comisión de Dirección del Proceso’, en la que participaban Fomento, Hacienda, Economía y la Oficina Económica de Presidencia. Si hubiera sido por la incompetente ministra Ana Pastor, la privatización de Aena se hubiera realizado a finales del año pasado a un precio peor, al menos un 10% más barato. Fomento había pactado también con Ferrovial, en claro conflicto de interés por ser gestor de Heathrow, Corporación Alba,de los March y el activista británico Chris Hohn, su entrada en el capital, con un 21% entre todos. A pesar de suspenderse en otoño del año pasado la salida a Bolsa, por un problema formal, se sentaron en el consejo de la sociedad obteniendo quizás una información mejor que la del resto de inversores, cuando finalmente no pudieron ejecutar la reserva que se les había concedido por pujar un precio inferior al mínimo establecido por el vendedor. El activista Hohn se ha salido con la suya con compras institucionales y tiene declarada una participación del 7,5% del capital. Hohn acostumbra a presionar a las sociedades en las que participa para que hagan determinadas operaciones. En definitiva es la clase de inversor que AENA nunca debería tener en el Consejo, pero ahí está. Alguien debería explicar quién le trajo y por qué.
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