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La mitad de América Latina contrató a Hacking Team para espiar a sus propios ciudadanos

15-04-2016

Los gobiernos de Panamá, Colombia Brasil, Chile, Ecuador y México son clientes activos de la empresa de espionaje italiana  Hacking Team, tras comprarle licencias para el uso de un software espía, señala un informe de la ONG chilena Derechos Digitales

Señala que Argentina, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela contactaron a la empresa y negociaron precios, pero “no hay evidencia de la adquisición de licencias”. La instalación de estos equipos, según declaraciones de su confundador David Vincenzetti en 2012, estaba en torno a los 600 mil euros.

Realmente, nadie sabía de esta empresa -dedicada a la venta y capacitación de programas y equipos de computación capaces de intervenir comunicaciones, tanto de teléfonos fijos y celulares, así como computadoras- hasta que una filtración los puso en el mapa en julio de 2015.

Los 400GB incluían facturas, correos y la base de datos de los clientes de la empresa italiana. Su negocio es producir software espía, sus clientes son gobiernos de todo el planeta. El informe ha revelado la vinculación de Hacking Team con la mitad de los gobiernos de América Latina.

“De la documentación filtrada y de los reportes estudiados -explica el informe- se concluye que el software en cuestión se trata de un programa que se instala en un determinado teléfono o computadora y puede acceder y copiar cualquier tipo de información: contactos, aplicaciones utilizadas, calendario, llamadas y audios de teléfono, posición geográfica, historial de uso de Internet y más”. Se llama Remote Control System, el paquete hacker de intercepción gubernamental.

VIGILANCIA ILEGAL EN PAÍSES INESTABLES

Derechos Digitales incluye en su informe un análisis de la legislación de estos países, y concluye que “no se ajusta a los estándares legales de cada país, a la vez que parece transgredir también las normas internacionales sobre derechos fundamentales”.

Por una parte, porque al ser mucho más invasivo que otro tipo de mecanismos de vigilancia (como la interceptación de comunicaciones privadas) requeriría de órdenes judiciales precisas para cada actividad invasiva que realiza: desde la localización geográfica en tiempo real, hasta el acceso a cámaras, micrófonos e información contenida. Por otra parte, porque al tratarse de una forma tan intensa de intrusión, su uso requeriría una regulación expresa, pues involucra a equipos completos y no solamente a comunicaciones privadas. Asimismo, porque la forma de operación implica no solamente atentados contra la privacidad de los individuos, sino contra la integridad de los sistemas intervenidos. La ausencia de tales reglas afecta el principio de legalidad de la intervención estatal, además de dejar al arbitrio de autoridades –muchas veces corruptas– su uso, aplicación y objetivos”.

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