La opacidad del Consejo Europeo tiene los días contados tras una requisitoria de la Defensora del Pueblo

El Consejo Europeo, integrado por los presidentes del Gobierno de los países miembros, el presidente de la Comisión Europea y el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la institución que ahora preside Donald Tusk, es una de las más relevantes de la UE, ya que además de definir cuáles son las prioridades políticas y orientar sobre el rumo de la Unión, actúa estatutariamente como colegislador junto al Parlamento Europeo, ya que son las directivas finalmente aprobadas por los mandatarios de los países miembros las que se convierten en rango legal y deben ser aplicadas obligatoriamente por los Estados miembros.

Sin embargo, a pesar de este papel tan relevante, el Consejo apenas es transparente en sus decisiones, siendo una de las instituciones más opacas, no pudiendo acceder los ciudadanos no ya a los documentos que se preparan para su aprobación en los consejos, por ejemplo los nombramientos de puestos en el Banco Central Europeo o la Comisión, sino que ni siquiera se hacen públicas las posturas que toman cada Estado miembro en las reuniones ordinarias, 4 al año, o extraordinarias.

Esta opacidad debería acabar una vez que la Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O’Reilly, exigió ayer que el Consejo tome una serie de medidas de transparencia para que la institución no socave el derecho de los ciudadanos a  que rinda cuentas sobre la toma de decisiones, que son de especial relevancia en la vida económica y social en los 28 países que conforman por ahora la UE.

O’Reilly reclama una respuesta del Consejo sobre las peticiones de transparencia que le ha enviado en una carta para el próximo 9 de mayo. La Defensora del Pueblo inició una amplia investigación sobre el grado de opacidad del Consejo en marzo de 2017 en la que hubo una amplia intervención  de organizaciones civiles durante el proceso de audiencia pública, una vez que el Consejo respondió a las preocupaciones sobre su opacidad.

Además de no revelar la posición de los diferentes países miembros durante los debates sobre nuevas leyes, una medida que el Tribunal de Justicia Europeo ya criticó en 2011,  el informe de O’Reilly destaca que el Consejo decide de manera absolutamente desproporcionada registrar la documentación como ‘LIMITE’, de carácter restringido.  Un hecho que ha sido declarado ilegal en un informe del Parlamento de Holanda.

Un año de plazo para revisar todos los procesos de transparencia

La investigación que realizó la Defensora del Pueblo declaró que hoy por hoy no es posible para los ciudadanos europeos mantenerse informados en tiempo real sobre los asuntos legislativos tratados por el Consejo, y exige que sean sistemáticamente grabadas o registradas las posiciones que se toman en los grupos de trabajo que, junto a los embajadores en la UE, preparan las cumbres de los mandatarios. Toda la documentación generada debe ser “puesta a disposición del público en tiempo oportuno”, pide O’Reilly al Consejo.

El procedimiento actual es de una opacidad que asombra, muy parecida a la que  sucede en España,donde no hay forma de acceder a las actas de las reuniones de la Comisión Delegada que prepara los Consejos de Ministros. En la Unión Europea, antes de que los mandatarios tomen las decisiones, hay reuniones de expertos nacionales en grupos de trabajo para preparar la legislación y los embajadores de los países miembros en la UE, cargo que ocupó  Alfonso Dastis (actual ministro de Exteriores), buscan el consenso sin que sus debates figuren en acta y la posición de los países miembros no se hace pública, excepto por filtraciones interesadas de orden político. En definitiva, antes de que los mandatarios alcancen un compromiso, apenas se puede conocer por la opinión público cómo se perfila la legislación (influencia de lobbies, transacciones políticas, etc).

Entre las reclamaciones, vestidas como sugerencias,  que hace O’Reilly destacan que el Consejo revise en menos de un año y tome las medidas necesarias en no más de los 12 meses posteriores a esta revisión, para conseguir que los documentos que atañen a la legislación propuesta sean de acceso directo y fácil para el público.  Adopte una serie de guías sobre el tipo de documentos que los grupos de trabajo y los ministros de la UE deben redactar y la información que deben contener. Ponga al día la regla actual de reserva de los documentos que reflejen las posiciones de cada país miembro, algo que ya se subrayó en la presidencia holandesa de 2016. Listar todos los documentos en su registro público, al margen de su formato y si son de acceso libre, restringido o secretos. Mejorar el sistema del registro público de documentos para facilitar la tarea de búsqueda y desarrollar una página web dedicada a cada propuesta legislativa, siguiendo el ejemplo del Observatorio Legislativo del Parlamento Europeo.