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La pandemia dejará 29 millones de nuevos pobres en Latinoamérica

21-05-2020

América Latina tiene más miedo al hambre del coronavirus que a la enfermedad en sí. “En una región en la que una de cada tres personas se encontraba en inseguridad alimentaria ya antes de la aparición de los primeros casos de COVID-19, la contracción de un 5% de la economía y el aumento de más de 11 puntos en el desempleo, según un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, harán de esta la mayor crisis del último siglo”, explica Benedetta Lettera, responsable geográfica de Acción contra el Hambre.

Las limitaciones de movimientos y los confinamientos preventivos son cada vez más difíciles de sostener por su impacto sobre la alimentación diaria de millones de personas: “en Lima no tardó en reaparecer el mercado ambulante tras más de 40 días de aislamiento, y ya no se respeta el aislamiento social obligatorio, explica América Arias, directora país de Acción contra el Hambre en Perú, donde hay más de 88.000 casos confirmados.

En este país se está produciendo además un fenómeno de desplazamiento interno: 165.000 personas han solicitado traslado humanitario al Gobierno intentando abandonar la capital para volver a su ciudad de origen ya que han perdido su trabajo y no puede mantenerse. “Estamos viendo grupos de caminantes acampados en el borde de las carreteras principales del país a la espera de un transporte. Se han reportado ya casos de menores fallecidos durante el trayecto, así como de atropellos con resultado de muerte”, explica Arias.

Desde Colombia, nuestro director país, John Orlando, muestra su preocupación por los cientos de venezolanos que están intentando regresar a su país: “llegan buses de diferentes partes del país a los departamentos fronterizos como Norte de Santander y, en estas situaciones, es fundamental garantizar los medios de protección para minimizar los riesgos de contagio de ambos lados de la frontera”. También preocupa la situación de los pueblos indígenas en la región de Amazonas y particularmente en la ciudad limítrofe de Leticia que hace frontera con Perú y Brasil, siendo este último, el país con más casos reportados en América Latina.

En Guatemala, donde el estado de calamidad se ha prorrogado hasta el 4 de junio, preocupa la poca capacidad de diagnóstico y el fenómeno creciente de retorno de migrantes. “A la debilidad estructural de uno de los sistemas de salud menos dotados de América Latina (si España cuenta con cerca de 40 médicos y 1.5 UCI por cada 10.000 habitantes, Guatemala solo dispone de 13 médicos y enfermeros/as por cada 10.000 habitantes, mientras que en algunos de departamentos, solo se tiene una UCI para 400.000 personas), se suma la total incertidumbre económica para más del 70% de la población ocupada que carece de contrato laboral o seguro social y que, por tanto, depende de las ganancias diarias de su trabajo para el sustento” explica Miguel Ángel García, director país en Centroamérica.  Ante la imposibilidad de lograr suficientes ingresos económicos, cabe esperar un aumento de la desnutrición infantil, que ya afectaba a la mitad de los niños/as menores de cinco años del país antes de la pandemia.

La preocupación socioeconómica y sanitaria se hace extensible por partida doble a la cuestión migratoria: “las remesas de dinero enviado por los migrantes guatemaltecos en el exterior se reducirán al menos un 25% justo cuanto más lo necesitan las familias.

Por otro lado, los Gobiernos de EEUU y México han continuado con las deportaciones hacia Guatemala de migrantes detenidos en sus fronteras, pero sin las debidas verificaciones de salud. Esto ha provocado que un número indeterminado de estos migrantes hayan regresado enfermos de COVID-19, en un momento en el que el sistema asistencial y de salud se encuentra sometido a su mayor presión”, añade García.

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