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Opinión

La patata caliente del Turno de Oficio

14-09-2012

 

 

Carmen Gortázar*

Aguirre y Gallardón andan una vez más a la gresca a cuenta de cómo solucionar el problemilla de tener a los 4.500 abogados del Turno de Oficio de Madrid sin cobrar,  trabajando en régimen de esclavitud. Último capítulo del serial ha sido el tajante anuncio que la presidenta de la Comunidad de Madrid lanzó el pasado martes en el sentido de que en cuanto se apruebe la nueva ley de Tasas Judiciales devolverá el Turno de Oficio al ministro. Suena a paquete postal y surge la duda de si recuerda que estamos en un Estado de Derecho. La proclama no es nueva por parte de la presidenta y está enmarcada en la histórica y ya entrañable sintonía entre Gallardón y Aguirre.

El 30 de marzo Gallardón llevaba al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Tasas Judiciales, que supondrá una elevación de las tasas exigibles a los ciudadanos que acudan a determinadas actuaciones judiciales. Según los cálculos del ministerio, con dichas tasas se recaudarán unos 300 millones de euros que se destinarán a la Justicia Gratuita. En ese sentido, el ministro de Justicia garantizó en la presentación de sus presupuestos que el acceso a la Justicia Gratuita que prevé la Constitución se financiaría con el incremento de un 7,2% contemplado en esa partida respecto a los presupuestos del ejercicio anterior y reiteró que a partir de 2013 se cubriría con lo recaudado con las tasas.  Todo ello junto al anuncio  de un proceso de diálogo con las Comunidades Autónomas para lograr una gestión unificada y coordinada de la justicia gratuita.

La reacción de Aguirre se produjo ese mismo día: Si los fondos los cobra el Ministerio, que sea éste quien gestione, controle y pague la Justicia Gratuita, debió pensar. Tras visitar a Rajoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba -permanente su expresión de satisfacción contenida- haber  propuesto al presidente la cesión de la Justicia “porque es un poder del Estado que no tienen por qué compartirlo las comunidades autónomas”.

Su alegría por la solución encontrada para Justicia le llevó a extenderla a  las restantes áreas: “Unas competencias para arriba y otras para abajo: Sanidad, Educación y Justicia deben volver al Estado; y el resto, Transportes y Servicios Sociales, a los ayuntamientos”, proclamaba. Cierre al chiringo y paso al frente: “Nos quedaríamos sin empleo los políticos, pero ya buscaríamos”, apuntaba mientras dejaba caer: ..si España lo necesita..”

Razonable es la duda sobre la conveniencia de que los políticos salgan a la calle con soluciones express que el ciudadano percibe como producto de rivalidades y/o arrebatos, aunque –in dubio pro reo- siempre hay que considerar que la idea hubiera sido meditada con seriedad  y contrastada con expertos constitucionalistas. Inmutable, Gallardón repitió el mensaje en su reunión del 8 de mayo con los consejeros de Justicia de 12 comunidades: el Gobierno central se haría cargo del coste de la asistencia jurídica gratuita y a cambio, ambas Administraciones compartirían una “gestión coordinada” del servicio y establecerían sistemas de “control” para “evitar el fraude”.

Además, les propuso a las Comunidades Autónomas que el dinero que  ahora destinan a ese servicio podrían emplearlo para otras necesidades en materia de justicia. Dado que  las comunidades financian la asistencia jurídica gratuita en parte con sus propios presupuestos y en parte con fondos estatales a través del sistema de financiación autonómica,  Gallardón les advirtió de que, “para evitar una doble financiación”, tendrían que devolver un porcentaje —un 75% según fuentes del ministerio— de la partida que les llega cada año por ese sistema. Se ahorrarían, por tanto, un 25%: eso es lo que podrían destinar a otras necesidades.

Pero Aguirre no traga. Controlar quién tiene derecho a la Justicia Gratuita, devolver un porcentaje de la financiación estatal…¿y que los fondos los reciba Gallardón? No. La presidenta  ha vuelto de vacaciones con renovados ánimos para oponerse a gestionar fondos a la orden del ministro y ante el avance de proyecto de Ley de Tasas, ya en trámite de aprobación por la Comisión de Justicia del Congreso, ha aprovechado el debate del estado de la región para volver a lanzar su mensaje: Tú te lo guisas, tú te lo comes..

Mientras se ponen de acuerdo –¿podría el presidente del Gobierno mediar en pro de los derechos fundamentales?- rige la decisión de la Comunidad de Madrid de no pagar a los abogados de oficio cuando se archive o deniegue la Justicia Gratuita al ciudadano, por lo que éstos siguen trabajando no ya sin remuneración sino financiando los gastos de la defensa. Por tanto, la disyuntiva es darse de baja del Turno –lo que al parecer es el objetivo de la Comunidad de Madrid para privatizar el servicio- o  trabajar gratis, dado que no se les permite apartarse de un procedimiento iniciado porque se causaría indefensión. Los indignos honorarios ahora impagados son de  200 euros por un procedimiento que en ocasiones se alarga 2 años (asistencia en comisaría, declaración en juzgados, diligencias, escritos de defensa, recursos, asistencia en el juicio..).

Idea común en Aguirre y Gallardón parece ser la de que repentinamente los ciudadanos se han convertido en defraudadores que pretenden tener derecho a la Justicia Gratuita cuando en realidad disponen de medios. En la jurisdicción  Penal, en un 95% de los casos se deniega o archiva la  Justicia Gratuita, dado que los justiciables son en su mayoría toxicómanos, inmigrantes ilegales, enfermos mentales y colectivos que viven en una marginación social total. Es fácil que ministro y presidenta de la Comunidad entiendan que no es razonable pedir a estas personas  certificaciones de IRPF, patrimonio, vida laboral, etc. Mientras, las Administraciones sí disponen actualmente de los medios para acceder a esa información.

La pregunta  es si existen en este momento las garantías necesarias para que se respete el derecho a la defensa de los ciudadanos,  defendidos por unos abogados profesionales pero que en este momento se ven obligados a trabajar sin remuneración alguna. Al parecer, cuando las cuentas no salen, en nuestro Estado de Derecho se recortan los derechos fundamentales.

*Abogada Penalista

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