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La petición de cárcel por el fiscal del Supremo contra Ricardo Martinelli es un paso penal muy relevante

12-10-2015

La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Arosemena de Troitiño advirtió que los delitos por los que se acusa al expresidente Ricardo Martinelli dentro del proceso de los pinchazos telefónicos representan una violación grave a los derechos humanos de las víctimas, a quienes se les afectaron sus derechos fundamentales

Arosemena de Troitiño –electa en junio pasado como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cargo que asumirá en 2016–, indicó que cuando se intervienen las comunicaciones de las personas sin autorización judicial, se violan todos los derechos humanos a la víctima, quien queda “en manos de la persona que está lesionando su derecho fundamental”.

Apuntó que cuando esta violación es ejecutada por una autoridad, en este caso el expresidente Martinelli, la conducta es agravada, porque actúa al margen de los límites de poder que le impone la Constitución.

La comisionada de la CIDH sostuvo que el hecho de que Díaz diga que Martinelli tenía todo un “aparato organizado de poder” para ejecutar las escuchas representa un grave delito, que “tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias”.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, destacó que después de los delitos contra la integridad física de las personas, las interceptaciones telefónicas son “uno de los más graves [ilícitos] que hay en materia de derechos humanos”.

En este escenario, dirigentes de la sociedad civil y víctimas de los pinchazos pidieron que se castigue con cárcel a Martinelli por la gravedad de los delitos.

El fiscal del caso, Harry Díaz, acusó a Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública.

Dirigentes de la sociedad civil organizada, expertos en materia de derechos humanos y víctimas pidieron que se castigue con cárcel al expresidente Ricardo Martinelli por la gravedad de los delitos de los que se le acusa y que abarcan violaciones a derechos fundamentales de los ciudadanos consagrados en la Constitución y leyes internacionales.

Los dirigentes se refieren a la acusación que le formuló el viernes pasado el magistrado fiscal, Harry Díaz ante el juez de garantías, Jerónimo Mejía, al expresidente Martinelli en el que lo señala como el autor de la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública.

La acusación fue presentada por Díaz tras concluir el jueves pasado la investigación por las interceptaciones telefónicas durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), que afectaron a por lo menos 150 personas en su mayoría opositores a su gobierno.

“Esta violación a los derechos humanos merece la sanción desde todo análisis y la perspectiva de los derechos humanos, es una violación que no debe quedar impune y debe ser sancionada”, sentenció Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica.

La dirigente de la sociedad civil indicó que el expresidente tiene que venir al país y aclarar a todos estos graves señalamientos del fiscal.

Roberto Troncoso, experto en el tema de derechos humanos, señaló que al exgobernante Martinelli debe responder por los delitos de los que se le acusa, ya que los cometió aun sabiendo de la ilegalidad y gravedad que representaban.

“No le importó violentar” estos derechos consagrados en la Constitución, leyes y convenios internacionales, de los cuales Panamá es signatario”, dijo Troncoso.

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