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Latinoamérica

La política de ‘puerta giratoria’ empaña el nuevo Gobierno de Michelle Bachelet

12-03-2014

En medio de los ritos republicanos del cambio de mando, volvió a ponerse en movimiento la puerta giratoria que une el lobby y la política: funcionarios públicos se convierten en lobistas y viceversa. El ahora ex subsecretario de Gobierno, Mauricio Lob, desembarcó en Azerta, la empresa de comunicación y lobby que dirigen Cristina Bitar y Gonzalo Cordero. Transitando a contramano, Carlos Correa Bau dejó la gerencia de Imaginacción, la empresa líder del mercado del lobby y propiedad de su padre, el ex ministro Enrique Correa Ríos. Correa Bau se instalará en La Moneda como número dos de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), que encabeza la periodista Paula Walker. El equipo será reforzado también por Bárbara Rochefort, quien dejó la gerencia de Burson Marsteller, otra empresa dedicada a las comunicaciones y el lobby que ha representado, entre otros, los intereses del controversial proyecto HidroAysén.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, en Chile no hay regulaciones que limiten la fluidez con que se mueven los protagonistas de estas redes de influencia y poder desde el mundo privado al gobierno o al Parlamento, y viceversa. Quienes dejan el negocio del lobby para convertirse en autoridades tampoco enfrentan leyes que los obliguen a declarar las empresas privadas para las que trabajaron, en qué proyectos las representaron y ante qué autoridades lo hicieron. Todos antecedentes necesarios para fiscalizar eventuales conflictos de interés.

Bachelet firmó ayer la primera medida social

Por otro lado, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció el envío al Congreso de una iniciativa que establece la entrega permanente de un bono en marzo para las familias de menores ingresos, la primera medida de un Gobierno que busca reducir la desigualdad en el país.

La socialista asumió el martes la presidencia de Chile con la promesa de cambiar el rostro de uno de los países con peor distribución de la riqueza en América Latina, y el bono de poco más de 70 dólares se enmarca en esa dirección, aseguró.

“Eso es lo que está detrás de esta ley. No es sólo un aporte monetario en un mes que sabemos tiene muchos gastos, es la convicción de que todas nuestras acciones deben estar enfocadas para enfrentar las enormes desigualdades”, dijo Bachelet tras firmar su proyecto de ley.

La mandataria explicó que esta iniciativa considera además la reposición de un bono de similares características durante el invierno austral, algo que había implementado en su anterior Gobierno entre el 2006 y 2010 y que en la posterior administración del conservador Sebastián Piñera se eliminó.

Según cálculos del Gobierno, este proyecto debería beneficiar a alrededor de 306.000 personas.

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