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Los abogados de oficio se movilizan contra el abuso del Gobierno de Esperanza Aguirre y anuncian una renuncia colectiva que colapsará la Justicia

30-07-2012

La Asociación de Abogados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) han convocado al colectivo madrileño, formado por más de 4.000 letrados, a una manifestación hoy, martes, a la una del mediodía frente al número 9 de la calle Serrano de la capital, sede del Colegio de Abogados de Madrid, para presionar a la institución, que actúa con “la contundencia prometida” para frenar el abuso del gobierno de Esperanza Aguirre.

Los abogados advierten además que la asociación está promoviendo la renuncia colectiva al servicio durante los meses de septiembre y octubre, lo que supondrá un colapso de la Justicia y la forzosa puesta en libertad de multitud de detenidos al no disponer de abogado. Los letrados de oficio de Madrid llevan denunciando mucho tiempo el recorte de sus magros honorarios. En concreto han cuantificado la reducción de su poder adquisitivo en un 50% desde 2004, y la puntilla es la intención de Esperanza Aguirre de no remunerar los casos en los que el justiciable no demuestre que es insolvente.

Esta medida es ridícula y atenta contra el sentido común, al que tanto apela la presidenta madrileña, ya que en el campo penal las personas que requieren de asistencia legal gratuita son inmigrantes sin siquiera conocer la lengua, enajenados mentales, drogadictos enfermos con la voluntad vencida, y toda la casuística de desheredados que uno quiera repasar. Aguirre, con su particular soberbia, ha dicho que si el justiciable no se encarga de demostrar su insolvencia que lo haga el abogado de oficio, intentando cargar a este colectivo con una actividad burocrática que no le corresponde y resulta insufrible.

La asociación ha denunciado en numerosas ocasiones que es voluntad del Gobierno de Madrid llevar a cabo una privatización del servicio legal de asistencia gratuita, consagrado por la Constitución, convirtiendo el menester de los letrados en un acto meramente formal. Lo que pretende Aguirre es que el servicio se acerque a la gratuidad no para el justiciable sino para sus Presupuestos.

Está por ver cómo se comporta el Colegio, cuyo presidente Antonio Hernández Gil se comprometió a no tolerar los abusos y manipulación del espíritu de la ley que realiza el Ejecutivo de Aguirre. Hasta ahora su actuación ha sido deplorable, esperando a que llegue el estío para dormir el conflicto. Fuentes de la consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid han declarado que es responsabilidad del Colegio la toma de medidas para asegurar el servicio.

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