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Los bodegueros recaudan fondos para frenar una directiva de Bruselas que les acusa de impacto ambiental

16-02-2012

. Bodegueros y asociaciones vinícolas españolas recaudan fondos para responder a una directiva de Bruselas que les acusa de dañar  el Medio Ambiente.  La Directiva sobre Biocidas 98/8 cuestiona el empleo de SO2 (anhídrido sulfuroso), en las labores de limpieza y desinfección de barricas. En España, donde este producto es utilizado tradicionalmente, la prohibición supondría un grave problema  para el almacenamiento del vino, ya que afectaría a más de dos millones de barricas. En Europa varios países afectados (Francia, Alemania y Portugal) ya han depositado los fondos preceptivos. Otros Estados miembros donde también se cría el vino en barrica, como Bulgaria o Polonia, están decidiendo sus aportaciones.

La prohibición que tenía que haber entrado en vigor en febrero de 2011, se ha pospuesto hasta el próximo mes de mayo, ante la presión ejercida por el ‘loby del vino’. Las asociaciones afectadas de España, Francia y Portugal que han tenido el papel más activo -en Italia no les preocupa la directiva- se han visto respaldadas en sus quejas a Bruselas por la patronal europea del vino, Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV), que consiguió este aplazamiento. Pero las espadas siguen en alto. Si la Comisión Europea no recibe un informe favorable al SO2, la prohibición se hará efectiva con  graves perjuicios para el sector. Desde Bruselas se ha solicitado la elaboración de un ‘dossier técnico’, encargado a una consultora independiente,  que argumente debidamente que el empleo de SO2 es inocuo para el Medio Ambiente y que no se ha encontrado un producto sustitutivo.  La financiación de este informe -cuyo coste oscila entre los 300.000 y los 400.000 euros- y al que también contribuirían otras entidades europeas, ha enfrentado a las dos grandes asociaciones españolas: la Federación Española del Vino (FEV) y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV).

Desde la FEV se propuso a la CECRV, la creación de un fondo común para  la financiación del  informe técnico que finalmente llevará a cabo la consultora alemana Ebhert. Posteriormente la  FEV se retractó y decidió no aportar fondos -según consta en un comunicado colgado en su web- ,esgrimiendo ‘limitaciones presupuestarias de índole interna’. Incluso justificó esta negativa al subrayar que “si en alguna denominación afecta especialmente esta cuestión es precisamente en Rioja, que con 1,2 millones de barricas, tiene uno de los mayores parques de barricas del mundo”. Ante las diferencias de criterio suscitadas,  la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas se reunió con urgencia para sondear la opinión de sus asociados.

Conscientes de que hay que velar por el futuro del sector, las dos patronales han optado por contribuir de forma equitativa a la financiación del citado estudio. “Hemos decidido formar un tándem con la FEV para responder a los requerimientos de Bruselas. Cada asociación aportará un 50% para la financiación del dossier técnico. La cantidad aún no está decidida”, ha declarado a La Celosía, Víctor Pascual Artacho, vicepresidente del CECRV y presidente, además, del Comité Regulador D.O. Rioja. “Estamos de acuerdo con esta propuesta y en los próximos días la aprobaremos con nuestros asociados”, ratifica Pau Roca, secretario general  de la FEV. Se calcula que la aportación española rondará los 100.000 euros. Francia ya ha depositado otros 100.000 euros, Portugal, 60.000 y Alemania cerca de 30.000.

“La Directiva sobre Biocidas 98/8, desde Bruselas consideran que impacta en el Medio Ambiente por el azufre utilizado en las barricas. Pero una sola central térmica expele a la atmósfera más SO2 que los millones de barricas existentes en España”, explica Antonio Palacios, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Enólogos.  Esta asociación ha decidido sumarse de manera voluntaria a la Asociación Profesional Europea de Enólogos que  libremente colaborará con 12.000 euros. Desde el propio Consejo D.O.Rioja reconocen que, además del problema económico que origina buscar alternativas al uso del sulfuroso -como pretende la Directiva comunitaria-, está el que afecta también a la calidad, ya que una limpieza defectuosa de las barricas implicaría una perdida de calidad del vino. Los representantes del sector consultados concluyen que resulta absurda la prohibición del sulfuroso en la limpieza, cuando la adición del producto está autorizada en el propio vino y se utiliza desde tiempos ancestrales para su conservación, ya que no presenta peligro para la salud.

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