Los inversores institucionales exigen transparencia en su acción de lobby a los fabricantes de coches

El activismo de los inversores institucionales comienza a ser una contingencia, que puede resultar muy cara,  para muchos directivos de multinacionales, a los que se les está exigiendo una política clara y transparente en Responsabilidad Social. El coste en la reputación y por ende en capitalización bursátil puede ser brutal si una compañía es cogida en malas prácticas. El caso Volkswagen es paradigmático y ya ha movilizado a organizaciones activistas de inversores. Dos de ellas, las británicas, ShareAction e Influence Map, con influencia creciente en La City, lo que equivale al mundo financiero, y ambas muy activas en exigir compromisos  medioambientales a las empresas de cara a la Conferencia del Clima de París a celebrar en diciembre, han coordinado una acción de inversión responsable frente a la industria del motor y los grupos de presión en los que participan, en la que han coaligado a 19 inversores institucionales, que gestionan activos por valor de 850.000 millones de euros, suficiente munición para ser escuchados con atención.

Estos inversores han escrito cartas a 11 fabricantes de automóviles, Volkswagen, BMW, Daimler, General Motos, Ford, Toyota, Honda, Fiat, Renault-Nissan y Peugeot Ciroën. En las misivas recuerdan a los fabricantes que como inversores quieren saber cuál es la actitud y qué acciones toman respecto a la reglamentación en materia medioambiental que les concierne. “Nos parece importante que haya más claridad sobre las relaciones entre los legisladores y las empresas automovilísticas para que podamos comprender e identificar sobre los riesgos potenciales”, subrayan. Se aprecia una advertencia velada a las compañías, todas ellas cotizando en Bolsa, de que si  no hay más transparencia pueden invertir en otras empresas o sectores.

Entre los inversores institucionales coordinados por las dos organizaciones activistas destacan la multinacional aseguradora francesa Axa, cuatro fondos públicos de pensiones de Suecia e importantes fondos de inversión responsable, como Zevin Asset Management, Northwest Coalition for Responsible Investment y las fundaciones LankellyChase, Christopher Reynolds y Tellus Mater.

Honda y el grupo Nissan Renault son las marcas con mejor comportamiento

Estos inversores reclaman que las automovilísticas detallen su posición sobre los estándares de las emisiones de óxido de carbono (CO2) que está revisando la Unión Europea, los ratios de eficiencia de combustible que pretende endurecer Estados Unidos y los relacionados con los protocolos de gases de efecto invernadero. También piden más información sobre cómo están actuando en el proceso normativo, el gasto en lobby y las actividades que lleva a cabo la asociación en la que participan todos, la patronal europea de fabricantes de automóviles (ACEA), de la que se ha conocido recientemente su papel de obstrucción en el desarrollo de normas ambientales más estrictas.

Los destinatarios de las cartas han sido calificados por InfluenceMap, que ha publicado un informe en el que describe el clima de lobby en el sector y el compromiso de cada fabricante con los objetivos medioambientales de los reglamentos. Honda y el grupo Nissan Renault son los que salen mejor parados. Por debajo de la media están los tres alemanes, Volkswagen, BMW y Daimler. Este trío se ha sabido tras el escándalo Volkswagen que durante los últimos tres años ha maniobrado para impedir que se endurezca la legislación o los controles de emisiones.

El mandamás del grupo Nissan Renault, el francés (nacido en Brasil y de ascendencia libanesa) Carlos Ghosn, ha recibido también una carta en la que se le reconoce como un valedor de los objetivos de coches más limpios (Nissan es la marca que más coches eléctricos vende) estando sus marcas entre las mejores en emisiones de CO2, pero también se le advierte de que debe llevar ese espíritu a la patronal ACEA, que está presidida actualmente por él mismo. Los movimientos de ACEA destacan por su opacidad, siendo una de las patronales sectoriales que menos colabora en la transparencia sobre el proceso regulatorio en materia de cambio climático.

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