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Latinoamérica

Malestar en Cuba por la prohibición de vender ropa importada

16-10-2013

La prohibición  de vender ropa importada en Cuba ha encendido la polémica y desatado un visible malestar entre comerciantes privados que desde hace algunos años se dedican a ese negocio y que parecen abocados de nuevo al mercado negro.

Con el desarrollo del trabajo privado, en los últimos años proliferaron multitud de pequeños comercios y tenderetes de venta de ropa, calzado o complementos. Hasta algunas boutiques en La Habana que casi pueden considerarse de lujo en un país agobiado por la escasez.

La mayor parte de esas prendas llegan a la isla en abultados equipajes de particulares, muchos de ellos cubanos, que la compran en México, Panamá, Perú, Ecuador, España o Italia.

Los comerciantes que venden esa mercancía en la isla lo han hecho al amparo de la licencia de modisto o sastre, que, en rigor, no contempla la comercialización de ropa comprada en el exterior, si bien la actividad se había tolerado hasta ahora.

A finales de septiembre el Gobierno de Raúl Castro decretó que la venta de esos productos adquiridos fuera del país constituirá una infracción, medida que también afecta a artículos del hogar o ferretería importados o comprados en tiendas minoristas estatales.

Las autoridades argumentan, según medios oficiales, que la prohibición quiere evitar deformaciones de determinadas licencias para ejercer el trabajo privado y aseguran que se explicará a los afectados los argumentos de la medida.

“¿Y por qué no pararon esto desde que empezó? Hace como dos o tres años que dieron cordel (permitieron) y nunca pusieron un stop. Y ahora hay gente que ha hecho hasta boutiques y todo, hay mucho dinero invertido (…)” No sé realmente qué va a pasar. Esa es la queja de Yaumara, empleada de una tienda en la habanera calle Zanja.

Solo en media manzana de esa zona de La Habana se concentran al menos 12 tiendas de ropa, que siguen abiertas a pesar de la prohibición.

La mayoría de estos comerciantes privados están indignados por las pérdidas de empleos que provocará la prohibición, por el dinero que han invertido en su negocio y por las cantidades que ya han desembolsado al Estado en impuestos y en una licencia que ahora no sirve.

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