El control de la actividad de las empresas multinacionales fuera de sus países que albergan la sede social ha sido una preocupación para las instituciones internacionales desde hace muchos años. Naciones Unidas ha encabezado la batalla por establecer normas que impidan que estas compañías, filiales suyas o proveedores conculquen los derechos humanos en su actividad, bien sea originando una contaminación más allá de lo permisible, con prácticas laborales de esclavitud o trabajo infantil.
La adopción de los principios Ruggie establecidos en 2011 por la Asamblea General y la iniciativa Pacto Mundial son los principales instrumentos de vigilancia y control de la responsabilidad social de las empresas multinacionales, bajo los principios de respeto, protección y reparación. Las empresas que operan en el extranjero, y en especial las que cotizan en Bolsa, se adhieren a estos principios y los utilizan como herramientas de su política de Responsabilidad Social Corporativa, pero los abusos siguen cometiéndose.
La Organización reclama leyes para hacerlas responsables si atentan contra los derechos humanos en el extranjero
Naciones Unidas, consciente de que estas normas sin un soporte legal adecuado no tienen el poder coercitivo necesario, ha iniciado una campaña de presión en un país clave en este asunto, Suiza, ya que el país helvético es el país europeo que alberga más empresas multinacionales. De los informes que los expertos del comité de derechos del niño de la Organización Internacional emiten en todos los países sobre la situación de los menores, ayer se hizo público el correspondiente a Suiza, en el que recibe un novedoso varapalo y que marca la nueva política de lucha contra la elusión de la responsabilidad de estas compañías, cuando originan problemas fuera de su jurisdicción.
El comité de la ONU reclama a Suiza que establezca reglas claras para las empresas con sede social en su territorio y que operan en otros países. No le basta con que se haya desarrollado la estrategia de los principios Ruggie y se lamenta de que todo se base en la autorregulación voluntaria. Reclama una legislación que establezca claramente las obligaciones de las multinacionales con sede social helvética respecto a los derechos de los niños en las actividades que realizan en el exterior.
El comité recomienda a Suiza que “asegure que las actividades de sus multinacionales no afecten negativamente a los derechos humanos o pongan en peligro el Medioambiente, los derechos laborales y otros estándares, especialmente los que atañen a los derechos de los niños”. También le pide al país en el que la propia Naciones Unidas tiene la sede de algunos de sus organismos, que “asegure que las empresas y sus filiales operando en Suiza o siendo gestionadas desde su territorio, sean legalmente responsables de cualquier violación de los derechos humanos”.
Advertencia a los inversores institucionales para que sean activistas en proteger el medioambiente
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