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Ningun soborno en el extranjero ha sido sancionado por España

02-07-2012

El último informe sobre sobornos de funcionarios públicos en el extranjero publicado por la OCDE, que ofrece datos hasta finales del año pasado, muestra una España demasiado idílica para las informaciones que de cuando en cuando aparecen en los medios. Las autoridades judiciales españolas no han declarado todavía un solo caso de enjuiciamiento a empresas o particulares por haber sobornado en terceros países con el fin de conseguir ventajas económicas. España, con un 2,1% de cuota del comercio mundial, es un caso atípico, ya que casi todos los países con un porcentaje de mercado semejante, cuentan con casos judiciales.

España será sometida en diciembre de este año a una evaluación por parte del grupo de trabajo antisobornos de la OCDE. En el último gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se introdujeron cambios significativos en el código penal sobre este asunto, en el que el anterior ministro de Justicia, Francisco Caamaño, mostró interés en combatirlo. En el año 2010, Caamaño consiguió que el Congreso enmendara el Código Penal, tipificando penalmente el soborno a un funcionario público extranjero en la nueva redacción que se dio al Artículo 445, dejando claro que el soborno en el extranjero es plenamente juzgable por los tribunales españoles, siendo igualmente punibles los sobornos cometidos por las personas jurídicas (empresas).

El último caso conocido por la prensa de una acusación de soborno contra una empresa española, es reciente. Iberdrola ha reconocido que una filial suya, Iberinco, ha apartado a cinco directivos por un presunto caso de soborno en la adjudicación de una central de ciclo combinado en Letonia. Iberinco se ha personado en la causa como “perjudicada”. En caso de que una compañía española sea declarada culpable de soborno, queda automáticamente excluida de cualquier subvención o ayuda a la exportación.

Empresas españolas participan activamente en Iberoamérica, área geográfica en la que el soborno sigue a la orden del día. El año pasado, hubo denuncias de operaciones realizadas en Argentina, al poco de morir el presidente Néstor Kichner, cuando se desató una lucha de poder dentro del Kirchnerismo, y apareció como figura clave el lobista español, Miguel Ángel Lorente Celaya, y los nombres de varias empresas, Indra, Isolux, Renfe y Aerolíneas, cuando esta última la controlaba Gerardo Díaz Ferrán, el ex presidente de la patronal CEOE, ahora imputado por la quiebra de su grupo empresarial.

Uno de los muchos vacíos en la normativa española, criticados por la OCDE en el último examen realizado, que data de hace 6 años, es que las embajadas españolas no actuaban por denuncias aparecidas en la prensa, ni denunciaban las sospechas directamente a las autoridades judiciales, sino que a  lo sumo, informaba de los hechos en Exteriores.

Los últimos datos aportados en el informe de la OCDE,  en el que España declara no haber interpuesto ninguna sanción a particulares y empresas sobre el asunto, muestran que 152 personas fueron condenadas y 42 empresas, habiéndose producido 11 casos en los que los juzgados fueron absueltos. Estados Unidos lidera las sanciones, con 58 particulares sancionados y 28 empresas que aceptaron la culpabilidad, aunque Alemania se sitúa en similares parámetros en particulares, pero sin ninguna empresa sancionada. Hungría, Corea, Italia, Japón, Noruega, Portugal, Francia, Gran Bretaña, Suecia y Suiza les siguen en la ominosa lista.

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