Open Data Institute rastrea el destino de 9,5 billones de dólares gastados en contratación pública

Los gobiernos de todo el mundo gastan 9,5 billones de dólares cada año en la contratación pública, pero hasta ahora los datos son en gran parte inaccesibles. Open Data Institute (ODI), con el apoyo del Banco Mundial y otros organismos, ha creado una herramienta para rastrear cómo se gastan esos miles de millones de dólares de dinero público. El objetivo que se persigue, además de combatir la corrupción, es mejorar la prestación de servicios y la eficiencia del mercado. Los expertos consideran que  la creación de esta norma de Contratación Abierta permitirá a las empresas operar con confianza e interpretar correctamente los datos de compra de todo el mundo. En el ámbito de la contratación pública, incluye la licitación, así como la variedad de tipos de contrato, desde los más básicos para la adquisición de bienes a los contratos complejos, acuerdos de empresas conjuntas, licencias y acuerdos de producción compartida.

Control de los grandes contratos

de las industrias extractivas

En una primera fase la herramienta se ha desarrollado para el control de la adjudicación y ejecución de grandes contratos de las industrias extractivas. También opera en las desinversiones públicas de tierra, tales como la concesión, arrendamiento o venta de tierras a una entidad privada, por lo general con fines relacionados con la agricultura, la silvicultura y las propias industrias extractivas. En una fase posterior se aplicara a sectores clave como las infraestructuras y la industria farmacéutica. Desde Open Data Institute se invita a los gobiernos a acceder a la Norma y adoptar las herramientas para garantizar que la contratación es transparente y eficiente. También se hace partícipes a los ciudadanos y organizaciones no gubernamentales para supervisar y analizar los datos publicados. Entre sus miembros se encuentran desde la Universidad de Southampton a Telefónica Digital o Thomson Reuters.

En el sector de las industrias extractivas la adjudicación y ejecución de grandes contratos y concesiones es crítica. Las decisiones equivocadas las paga la sociedad en su conjunto. Los acuerdos contractuales entre los gobiernos y el petróleo, el gas, o los inversionistas mineros son la base para el desarrollo del sector. Los contratos firmados no definen sólo las ganancias monetarias en términos de impuestos y regalías que recibirá el país de acogida, sino que también inciden en los aspectos sociales, económicos y ambientales de las operaciones subsiguientes. La tendencia es creciente hacia una mayor divulgación de licitación en el sector extractivo. Más de 20 países publican algunos o la totalidad de sus contratos.

La mejora de la gobernanza de la tierra

Desde hace un tiempo, adquisiciones de tierras a gran escala, incluyendo la participación de algunos terrenos públicos, son objeto de un mayor escrutinio y la crítica de la sociedad civil por sus efectos nocivos, que van desde la privación de derechos de las comunidades preexistentes a reclamaciones de la tierra. Además de sus consecuencias negativas sobre la biodiversidad, la deforestación, la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia a pequeña escala de agricultores y ganaderos. La Asociación de Contratación Abierta tiene como objetivo facilitar una plataforma para los que ya están dedicados a la mejora de resultados de gobernabilidad de la tierra para avanzar en la agenda de Contratación abierta – a partir de la transferencia de tierras de propiedad pública a los inversores; para complementar los esfuerzos en curso para promover la mejora de la gobernanza de la tierra y la inversión responsable en la agricultura, tales como las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (VGS)  y los principios para una inversión agrícola responsable ( rai).