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Latinoamérica

Proyecto de ley en Perú para encarcelar a quien haga lobby de manera ilegal

17-11-2014

Mejor curar en salud. Si bien la gestión de intereses –también llamada ‘lobby’– está regulada en el Perú, hay quienes apelan a esta práctica de lobbies para generar corrupción o tráfico de influencias. Debido a ello, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Wong, ha presentado un proyecto de ley para sancionar con pena de cárcel, entre 2 y 4 años, a quienes ejerzan ilegalmente esta actividad.

La iniciativa también alcanzaría a los que gestionen intereses con una licencia suspendida o cancelada, de acuerdo a lo establecido en la Ley 28024. La propuesta, que modifica el Código Penal vigente será sometida a análisis en la Comisión de Justicia

Perú cuenta con una Ley de Gestión de Intereses desde el año 2003, y se la debemos a la reputada política Beatriz Merino, que por entonces era presidenta del Consejo de Ministros. “Es lo que se llama una reforma de Estado de cuarta generación, moderna, para un país que tiene avanzada su institucionalidad”, aseveró Felipe Gutiérrez, director de Concertum, la primera empresa peruana creada específicamente para la Gestión Profesional de Intereses. Anotó que a la fecha están registrados alrededor de 15 miembros lobistas ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). “Lo que vale del registro, es quiénes presentan reportes semestrales de gestión”, aclaró.

Explicó que, por ejemplo, Concertum reporta quiénes son sus clientes, para qué casos los han solicitado, con qué funcionarios públicos tienen contacto, y cuánto les han pagado. “Esto es por exigencia de la ley y lo que se busca es transparentar la relación”, mencionó. Gutiérrez refirió que cuando hay un destape periodístico sobre un tráfico de influencias o “lobby informal”la actividad se ve desacreditada.

“Hoy en día el 90 % o más de las gestiones que se hacen para representar intereses son informales. Sólo un 10 % son gestiones formales”, aseveró. Apuntó que los lobbies formales no solo están a cargo de un gestor profesional de intereses por cuenta de terceros, sino que también el propio interesado puede hacer sus gestiones por su cuenta, ya que la ley no lo objeta.

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