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Latinoamérica

Presunta connivencia entre paramilitares y multinacionales del carbón en Colombia

01-08-2014

El informe de PAX, una organización cristiana que aboga a favor de la paz, titulado “The Dark Side of Coal“, (El lado oscuro del carbón-pdf) compila testimonios de paramilitares desmovilizados, de exempleados de las empresas, y de las víctimas del conflicto vivido en la era de dominio paramilitar en el norteño departamento del Cesar entre 1996 y 2006. Juntos, los testimonios muestran un panorama de estrecha relación entre las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) y la empresa Drummond, de Estados Unidos, y Prodeco, subsidiaria de Glencore de propiedad suiza. El informe alega que las dos empresas proporcionaron apoyo financiero y logístico a los paramilitares.

Los testigos afirman que los vínculos entre las AUC y las empresas mineras comenzaron como una respuesta a la creciente campaña de secuestros y ataques contra las compañías por parte de las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con las compañías desesperadas por acabar con el acoso, el informe señala que en 1995 el ejército colombiano facilitó un acuerdo a Drummond para canalizar dinero a los grupos paramilitares a cambio de “seguridad”. Las compañías más tarde comenzaron a tratar directamente con las AUC, según los testimonios de múltiples testigos. Los exjefes de las AUC entrevistados por PAX afirmaron que las empresas no sólo apoyaron las operaciones paramilitares existentes, sino que también jugaron un papel decisivo en el financiamiento de la expansión de las AUC en la región.

Durante la década siguiente, los paramilitares se enfrentaron a las guerrillas mediante el uso de tácticas de terror que se convertirían en su tarjeta de presentación a lo largo de Colombia, y según estimaciones de PAX, el bloque de las AUC que presuntamente había recibido apoyo de las empresas mineras, dejó una estela de 2.600 víctimas de asesinatos selectivos, 500 víctimas de masacres y 240 víctimas de desapariciones forzadas. Parte de la cooperación entre Drummond, Prodeco y las AUC implicó que las empresas suministraran inteligencia a las AUC y a los militares acerca de “subversivos” y sindicalistas dentro de su fuerza de trabajo, quienes a menudo se convirtieron en los objetivos de asesinatos y amenazas, señaló un exparamilitar que dice haber estado directamente involucrado en estas operaciones. El informe también presenta pruebas de que las AUC, responsables por el desplazamiento de unas 59.000 personas sólo en el Cesar, despojaron con el uso de la fuerza a los agricultores locales y a sus familias de la tierras para beneficiar a las empresas mineras.

“Todo esto se hace por la tierra que es rica en carbón: trae una gran cantidad de dinero, y esto explica el desplazamiento [forzado]”, dijo un exparamilitar a los investigadores de PAX. Si bien no hay indicios de que las empresas instigaron los desplazamientos, posteriormente si adquirieron los terrenos abandonados por los civiles que huyeron. En Colombia, la venta de tierras abandonadas por personas que huyen del conflicto es ilegal. El informe destaca dos ejemplos de lo que PAX señaló como apropiaciones ilegales de tierras por parte de las compañías mineras en la región. En el primer ejemplo, Drummond obtuvo numerosas parcelas en la comunidad de Mechoacán, 21 de las cuales fueron declaradas compras ilegales en 2012. La empresa ha emprendido agresivas acciones legales para aferrarse a las parcelas, incluyendo la presentación de una queja contra el fiscal general por “abuso de poder” y por “obstrucción a la justicia”. La empresa también emprendió una demanda civil contra de las familias que reclaman la tierra.

Drummond y Glencore califican el informe de ‘buena novela’

Por su parte, la empresa Prodeco es acusada de comprar tierras en la comunidad de El Prado, ocupada por testaferros paramilitares después de que desplazaron a sus propietarios originales en 2002. Según PAX, en 2011 el organismo de registro de tierras del país, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) fue encontrado culpable de vender tierras robadas a Prodeco, y le fue ordenado regresarlas a sus dueños, a quienes la institución había intentado eliminar de las listas de desplazados. Prodeco ha dicho que nunca tuvo interés ​​en la compra de las tierras, pero el informe señala que el entonces presidente Álvaro Uribe les dijo que las compraran por razones políticas, la empresa también señaló que técnicamente nunca tuvo la propiedad de la tierra, pues Incoder no cumplió con los términos del acuerdo.

Tanto Drummond como Glencore, la compañía matriz de Prodeco, han emitido declaraciones en contra de las afirmaciones hechas en el informe del PAX, tildando a los testimonios de los paramilitares de contradictorios y poco fiables. Drummond señaló que uno de los testigos clave de PAX testificó ante la Fiscalía General de la Nación bajo juramento, que la empresa no había trabajado con las AUC, y acusó a un abogado en un caso en Estados Unidos por haber pagado a algunos de los testigos cuantiosas sumas de dinero. La declaración Drummond dice que “la historia contada por PAX podría ser utilizada para una buena novela, o posiblemente para una buena película de ficción, pero lo dicho allí de ninguna manera representa la verdad acerca de Drummond en Colombia o de la industria del carbón en el país”.

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