Hace ya 15 meses que el Gobierno de Mariano Rajoy anunciaba con gran alarde propagandístico el Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal, por el cual se mostraba la intención de desinvertir una serie de sociedades en las que el Estado tenía la mayoría del capital, seis pertenecientes a SEPI: Olympic Moll, Cytasa, Molypharma, Etsa Doi, Equipos Termometálicos y Desotermia, y otras dos dependientes del Ministerio de Fomento: Portel (Puertos del Estado) y European Bulk Handling Installation (terminal de graneros sólidos de Gijón).
Nunca se explicaron las razones por las que estas sociedades en las que el Estado tiene el control debían ser vendidas, aunque en la Orden del Ministerio de Hacienda que hacía público el citado plan se advertía que las medidas a tomar, incluyendo estas desinversiones deberían servir de ejemplo a las comunidades autónomas y ayuntamientos para tomar medidas semejantes que condujeran a reducir el sector público y a una mejor asignación de los recursos.
De las ocho empresas citadas, solamente se ha acordado la venta de una sociedad, Portel, perteneciente a Puertos del Estado, ente que preside José Llorca. El hecho es que tras desencadenarse una operación poco transparente, alguien ha decidido parar la venta sin explicación alguna y después de que el Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP), institución que preside Luis Gámir, diera su visto bueno contrariamente a lo que se presume de un organismo que vela por la transparencia de las privatizaciones.
Portel es una empresa de tecnologías de la información para el sector marítimo portuario, que además centraliza el intercambio de información de todos los agentes que operan en los puertos del Estado. En el momento de iniciarse la privatización, a finales de mayo del año pasado, Telefónica tenía un 49% del capital de la sociedad y en los estatutos figura un artículo, el 12, por el cual los dos socios se otorgan un derecho de adquisición preferente en caso de que uno quiera vender.
Así las cosas, KPMG se encarga de hacer una valoración del paquete del 51% de Puertos del Estado, que lo cifra en 444.000 euros, más la subrogación del comprador en un préstamo concedido por Puertos del Estado, de 1,5 millones de euros. Puertos del Estado negoció directamente con Telefónica sin molestarse en buscar algún otro comprador, al margen de respetar el derecho final que tendría su socio. Esta fórmula elegida no gustó mucho al CCP, como tampoco el ejercicio de flujos de caja realizado para la valoración.
Hete aquí que dos meses después, el 31 de enero, e increíblemente sin haberse realizado en ese periodo la venta a Telefónica, ésta vende su 49% a la compañía GTD, una empresa española con tecnología puntera en el campo aeroespacial y de las tecnologías dela información, cuyo presidente es Ángel Ramírez y el consejero delegado, Carlos Kinder, un notable directivo catalán.
Puertos del Estado debería en buena lógica haber ejecutado el derecho de adquisición preferente a Telefónica y luego vender sin obstáculo alguno el 100% de la compañía, pero no lo hizo y decide vender a GTD su 51% al mismo precio pactado anteriormente con Telefónica, con una valoración esta vez de Clairfield International, que coincide al céntimo con la realizada por KPMG. Esto suponía que GTD compraba el 100% de la empresa por poco más de 850.000 euros sin concurrencia alguna.
Resulta lamentable que el Consejo Consultivo aprobara sin objeción alguna el cambio de comprador de Portel en mitad de la partida, pero así lo hizo en su dictamen de abril de este año. Eso sí ya dejó claro que la operación de venta a GTD tenía que ser aprobada por el Consejo de Ministros. La Celosía se interesó por el asunto y finalmente Puertos del Estado le ha confirmado que detiene el proceso de venta, pero sin dar explicación alguna.
Otras informaciones de interés publicadas por La Celosía:
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