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Latinoamérica

Reporteros Sin Fronteras denuncia la presión sobre periodistas ecuatorianos

24-06-2014

“Periodistas ecuatorianos bajo presión, un año después de la aprobación de la Ley de Comunicación”, dice el informe de Reporteros Sin Fronteras. Este es el balance de esa organización. ”En un inicio, esta ley fue creada para democratizar el espacio mediático ecuatoriano. La nueva legislación también buscaba ofrecer un nuevo marco técnico de regulación de los medios de comunicación, así como definir el oficio de informar –objetivo con el que no estaba de acuerdo nuestra organización–. Si bien el texto incluye algunos puntos favorables para la libertad de información, las autoridades no han implementado las medidas necesarias para que estos se concreten. En cambio, los aspectos de la ley que preocupaban a nuestra organización cuando la legislación fue votada en la Asamblea…, han sido ilustrados con numerosos ejemplos desde que se estableció el reglamento de la ley…

RSF ha registrado 66 agresiones a periodistas y medios de comunicación entre junio de 2013 y junio de 2014, entre ellas: 18 rectificaciones forzadas, 16 campañas de desprestigio contra periodistas, la mayoría de ellas llevadas a cabo por televisión y directamente por el presidente Rafael Correa a través de cadenas y 9 casos de censura directa. (…)

Durante el proceso de aprobación de la ley, Reporteros sin Fronteras alabó ciertos aspectos: la ley prohíbe toda forma de censura previa…, garantiza el derecho de los periodistas a mantener el secreto profesional y establece el principio de equidad en la concesión de frecuencias de radio y televisión. (…) Desafortunadamente, esta disposición no se ha hecho efectiva y sigue existiendo una gran desigualdad en la atribución de frecuencias: cerca de 78% de ellas pertenece a los medios de comunicación privados, 20% a los públicos y solo 1% a los medios comunitarios, según cifras de la Secretaría de Comunicación (Secom)…

Por otra parte, Reporteros sin Fronteras había expresado sus preocupaciones respecto al artículo 22, según el cual ‘todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada’. Nos preguntamos cuáles serán los criterios empleados para determinar el valor de la información. En sí, los principios son buenos, pero al inscribirlos en la ley se corre el riesgo de exponer a los periodistas a la subjetividad de un juez o de la Supercom.

El derecho de rectificación, una censura asumida. (…) La Ley Orgánica de Comunicación prevé un control de la información imponiendo la obligación de rectificar contenidos que hayan sido objetados: ‘todas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información’ (art. 23). Esta cláusula liberticida fue aplicada por primera vez en febrero de 2014, cuando se obligó al caricaturista Xavier Bonilla, (Bonil) acusado de ‘difamar’ al Gobierno, a ‘rectificar’ una de sus caricaturas –sobre un allanamiento realizado por las fuerzas del orden en el domicilio de Fernando Villavicencio (…) publicada en el diario El Universo en diciembre de 2013. El periódico fue condenado a pagar una multa de 2% de sus ingresos en los últimos tres meses por haber publicado la caricatura…

En un abuso de poder, muchas de estas rectificaciones pueden ir más allá de la simple solicitud de clarificar o precisar una información, deshaciendo el texto inicial e imponiendo una versión censurada. (…)

Además del control de la información que permite el artículo 23, el artículo 28, relativo a las copias de programas o impresos, da a la Supercom el derecho de vigilar los contenidos de los medios de comunicación al imponerles la obligación de proporcionar una copia de sus programas: ‘toda persona que se sienta afectada por informaciones de un medio de comunicación, podrá solicitar fundadamente copias de los programas o publicaciones’. El 4 de abril de 2014, Verónica Zurita Castro, alcaldesa de Santo Domingo de las Tsáchilas, recurrió a la Supercom para acusar a la radio Súper W de incumplimiento de la ley porque la estación se negó a entregarle las grabaciones de uno de sus programas. La Supercom sancionó a la radio con una multa de $1 360. Un mes después, la alcaldesa presentó una nueva demanda ante la Supercom contra otra estación local, Radio Megaestación de Santo Domingo de las Tsáchilas, por no haberle entregado copias de grabaciones de algunos de sus programas. El procurador síndico, Juan Carlos Mariño Bustamante, se unió a la demanda de la alcaldesa. La Supercom dio de nuevo razón a los funcionarios e impuso a la Radio Megaestación una multa equivalente a $1 360. Estas sanciones repetidas ilustran la postura del Poder Ejecutivo respecto al contenido de los medios de comunicación: las radios Súper W y Megaestación no fueron condenadas por haber difundido información falsa sino por no haber rendido cuentas a la Supercom respecto a la petición de los dos funcionarios.

Bajo la losa que constituye la amenaza de la censura a través de la obligación de rectificar, los periodistas ecuatorianos no tienen otra opción que ceder a las exigencias del Gobierno…

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