La promotora inmobiliaria Reyal Urbis, que preside Rafael Santamaría, exponente notable del capitalismo madrileño, uno de los reyes de las recalificaciones, y en cuyo consejo se sienta todavía el antiguo alcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano, contestó ayer en un hecho relevante a todo “un interrogatorio” de la CNMV, que no parece dispuesta a que le caiga un muerto si finalmente decide suspender pagos, con una deuda financiera que se acerca a los 4.000 millones y un pasivo total de 4.300 millones a cierre de 31 de septiembre.
Santamaría reunió “de urgencia” al consejo, del que salió hace unos meses viéndolas venir el primo del Rey, Carlos de Borbón dos Sicilias, que sí se mantiene en Cepsa, para analizar la imposibilidad de vender activos y cumplir con la dieta exigida por los acreedores, por lo que el sanedrín de la promotora decidió presentar en el juzgado un preconcurso, antes de que se adelante algún acreedor cabreado, y renegociar la deuda, en la que el Grupo Santander de Emilio Botín es quien más tiene que decir y quitar por ser el mayor acreedor.
Dice Santamaría a la CNMV que la viabilidad de la promotora pasa por seguir dándole hilo a la cometa, es decir por “alcanzar con los acreedores un acuerdo de modificación en cuanto al horizonte temporal, y en su caso de los importes de las obligaciones de pago”, según reza su aséptica repuesta a quien vela por los intereses de los inversores.
La inmobiliaria, que ya solamente vale en Bolsa 25 millones de euros, un contraste espantoso con los 3.300 que pagó a Banesto por la media naranja, Urbis, informa que para atender los pagos de la deuda de 4.300 millones cuenta con una cartera de activos (terrenos, inmuebles terminados, concesiones, inmuebles en alquiler y de uso propio y filiales), que han sido valoradas por la tasadora Jones Lang Lasalle en la cantidad de 4.193,7 millones a fecha de cierre del primer semestre de este año. Al margen de que con esa cantidad no se cubra la deuda, lo inquietante es que esa tasación es superior a la que la misma Jones Lang Lasalle presentó en las cuentas del año pasado, y que era de 4.024 millones.
Una vez más hay que poner en cuestión estas valoraciones que hacen las tasadoras “independientes” y cuyas estimaciones el tiempo se encarga de demostrar que no son válidas ni por aproximación. Difícilmente puede revalorizarse el activo de esta inmobiliaria mientras la crisis se agudiza ya que las nuevas inversiones que hayan podido producirse en el tiempo transcurrido se ven contrarrestadas con las ventas habidas, muy exiguas en cualquier caso. Para hacerse una idea de la ruina que vive el sector, basta señalar que Reyal ingresó en los nueve primeros meses 108 millones de euros y para ello tuvo que imputar costes de 174 millones, más el servicio de la deuda, con una pérdida en el periodo de 258 millones de euros.
La Hacienda pública es acreedora por “aplazamientos” de 359 millones de euros y un total de casi 500 millones contando los impuestos diferidos lo que supone que la compañía debe casi un millón por persona empleada. Al respecto, en la memoria del pasado ejercicio se afirmaba que el Fisco disponía de una prenda consistente en hipotecas de máximo que cubrirían una cantidad de hasta 484 millones. Veremos finalmente cuánto nos cuesta a los ciudadanos el concurso de Reyal Urbis, ocasionado en buena medida por el delirio del amigo y benefactor de políticos, Rafael Santamaría.