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Se inicia el proceso penal contra el ex presidente Ricardo Martinelli

23-04-2015

El Tribunal Electoral (TE) notificó ayer  a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la decisión de levantar el fuero al expresidente Ricardo Martinelli (2009–2014), con lo que se dará inicio al proceso penal en el que se le señala por supuestas anomalías en la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), por un monto de $44.9 millones.

Una fuente del TE confirmó que ayer notificaron a los abogados de Martinelli y a la CSJ sobre el desafuero al exgobernante, que quedó en firme este lunes con el rechazo de la reconsideración interpuesta por la defensa.

A partir de la notificación a la CSJ, el magistrado fiscal, Oydén Ortega, tendrá dos meses para la investigación sumarial del caso, en el que se vincula a Martinelli con posibles sobrecostos en el contrato de la comida deshidratada.

El plazo es dictado por la Ley 55 de 2012 (“ley blindaje”), que establece un proceso especial para juzgar a diputados de la Asamblea y del Parlacen. En este último, Martinelli tiene una curul.

Una fuente de la CSJ confirmó ayer que el TE no ha notificado aún a esa corporación de justicia sobre el desafuero a Martinelli, luego de que los tres magistrados, en Sala de Acuerdo celebrada el lunes pasado, rechazaron un recurso de reconsideración que presentó la defensa del exmandatario.

Según la fuente, el TE fijó ese mismo día, el pasado lunes, un edicto para notificar a las partes y en la tarde de hoy será enviado a la CSJ para cumplir con la notificación.

A partir de esa acción, la CSJ entrará al análisis del expediente, que fue remitido por la Fiscalía Segunda Anticorrupción.

En el sumario está la declaración indagatoria del exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, quien aseguró que la licitación de la comida deshidratada fue una fachada, ya que Martinelli dio la orden para que el contrato fuese adjudicado a la empresa Lerkshore International Limited, como en efecto ocurrió.

El pasado 18 de enero, la CSJ decidió asumir el conocimiento de la investigación a Martinelli y designó a Oydén Ortega como magistrado fiscal, y a Jerónimo Mejía como juez de garantías en el proceso.

Según la Constitución, corresponde a la CSJ conocer de las denuncias contra los diputados. Martinelli, por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, entra en esta esfera.

CONTRARRELOJ

Otras fuentes del Órgano Judicial informaron que, a partir de la notificación por parte del TE, Ortega tendrá dos meses para investigar la posible vinculación del expresidente Martinelli con las irregularidades denunciadas por Tamburrelli.

Esto es así, porque la Ley 55 de 2012, conocida como “ley blindaje”, fija un procedimiento especial para el juzgamiento de los diputados por la CSJ.

No obstante, Ortega podrá solicitar una prórroga de otros dos meses si así lo estima conveniente, y tendrá la capacidad de realizar diligencias para la ubicación de elementos probatorios en el proceso.

La Ley 55 establece que para que se acepte una denuncia contra un diputado se tiene que aportar la “prueba idónea del hecho punible”, y se fijó como plazo máximo para una investigación sumarial dos meses.

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