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Latinoamérica

Sospechas en Guatemala de contrato amañado por Aeronáutica Civil

05-02-2015

Mediante un auncio pagado publicado en los principales diarios del país, Puma Energy le solicitó al presidente Otto Pérez Molina revisar el concurso realizado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que otorgó un área de 13 mil 500 metros cuadrados en el Aeropuerto La Aurora a la empresa Terminales del Atlántico, S. A. (TASA) –para construir y operar la nueva terminal de combustibles– por sospechas de que el proceso fue diseñado en su beneficio.
TASA era la única empresa que cumplía con el requisito establecido por la DGAC de operar como mínimo en cuatro aeropuertos de Centroamérica; pese a que Puma Energy y Chevron operan en más de 40 y 70 aeropuertos a nivel global, sus ofertas fueron descalificadas por no cumplir este cláusula. “Este tipo de acciones que ya se han registrado en la región, han demostrado que solo generan costos mayores (a las aerolíneas y pasajeros) y disminuyen la competencia, lo que es dañino para el país, y tiene repercusiones directas en el turismo y la inversión extranjera”, destaca el comunicado de Puma.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA) enviaron cartas a Jair Samayoa, interventor de la DGAC, manifestando su preocupación. “El combustible es el ítem de costo más relevante de una aerolínea (incide en el precio del pasaje). Desafortunadamente hay ejemplos en la región donde un aeropuerto otorgó el suministro a un único proveedor, eliminando la competencia entre proveedores e imponiendo precios abusivos”, advirtió la IATA.

El sector privado se unió a la solicitud de Puma Energy, para que el mandatario revise la transparencia del proceso y para revocar la resolución de la DGAC. Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Cámara Guatemalteco-Americana de Comercio (AmCham, por sus siglas en inglés), comentó que con estas acciones se vulnera la inversión de empresas que se alejan del país porque no pierden por una justa competencia de calidad o precio, sino por falta de transparencia en las instituciones.

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