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Televisa y Peña Nieto aúnan intereses comunes

05-02-2014

Televisa ha emprendido una nueva ofensiva para doblar otra vez, con todos sus recursos, a los poderes constitucionales y materializar una ley –un conjunto de leyes en realidad– a la medida de sus intereses, casi siempre antagónicos a los de la sociedad.

Conforme a las evidencias consignadas por Jenaro Villamil en el semanario Proceso, en su edición de esta semana, Televisa ha reactivado sus complicidades con Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su proyecto para que las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones mantengan intocada su hegemonía.

Luego de una discrepancia pasajera por la reforma constitucional en la materia, Peña y Televisa han olvidado los enfados y vuelto al amor, algo que a nadie debe extrañar por la connivencia establecida desde que, en 2005, el primero llegó a la gubernatura del Estado de México y comenzó a edificar su candidatura presidencial con recursos sin límite.

La reunión de Peña con Emilio Azcárraga Jean y su consejero Bernardo Gómez, el 2 de enero, en Valle de Bravo –como lo revela Villamil–, representa la continuación del plan de Televisa para salirse con la suya cuando le dé la gana.

Televisa ya dobló a los grupos parlamentarios en el Congreso, que debieron aprobar las leyes secundarias de la reforma constitucional en telecomunicaciones a más tardar el 9 de diciembre y ahora pretende que las mismas no afecten los más mínimo su hegemonía.

Otro de los objetivo de Televisa es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (CFT), el órgano regulador en la materia surgido de la reforma constitucional que le quitó esa facultad al Ejecutivo, no la declare “agente económico preponderante”, algo que deberá ocurrir antes del 9 de marzo.

La empresa de Azcárraga ha recurrido a todas las argucias para evitar esa declaratoria, como el alegato de que habrá desincentivación de inversiones, y ya logró una suspensión de un juez para negarse a entregar al IFT informes sobre prácticas monopólicas y de concentración, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es constitucional la solicitud de esos informes.

El carácter de “agente económico preponderante” de Televisa queda claro en el documento “Programa de licitación y adjudicación de frecuencias de televisión radiodifundida digital”, elaborado por el IFT y relativo a la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión.

Según ese estudio, Televisa y TV Azteca poseen 95% de las concesiones de televisión, 96% de la audiencia y 99% de la publicidad de televisión comercial, por lo que “las posibilidades de competencia sólo pueden venir de otras cadenas de TV abierta, de cobertura nacional”.

El IFT identificó, según el reportaje de Villamil, que “hay integración vertical” entre Televisa y TV Azteca, lo cual constituye una “importante barrera de entrada” en este mercado, y determinó que ninguna de las dos grandes compañías ni sus filiales, subsidiarias o asociadas, pueden participar en la licitación de las dos nuevas cadenas.

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