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Transparencia Internacional ataca las promiscuas relaciones de empresas y Administración y reclama el control de lobbies

06-06-2012

La corrupción está minando la confianza de los ciudadanos europeos en las instituciones nacionales y contribuye a la grave crisis económica, especialmente en Grecia, Portugal y España, según el último informe de Transparencia Internacional, “Política, Dinero y Poder: Riesgos de corrupción en Europa”. El estudio, el más completo que se ha realizado hasta ahora, con un análisis de 300 instituciones en 25 países, indica que tres cuartas partes de los europeos consideran la corrupción como un problema que va a más en sus países.

El informe subraya que son las relaciones promiscuas entre empresas y gobiernos,  las que más favorecen la corrupción y ponen en riesgo la estabilidad económica, al no estar sometidas al escrutinio público como es debido por trabas legales y deficiente normativa. En 19 de los 25 países, entre ellos España, ni siquiera está regulada la acción de lobby. España es el único país que no cuenta todavía con una Ley de Transparencia para acceder a la información y archivos públicos, aunque el Gobierno la tramitará en otoño, habiendo sido ya el proyecto de ley muy criticado.

En el caso de España y países como Grecia y Portugal, todos ellos hundidos en la crisis, Transparencia considera que la corrupción está enraizada y a menudo es “legal”, ya que deriva de prácticas inmorales que resultan de la inexistencia de normas que controlen la acción de los grupos de presión, el tráfico de influencias y el trasvase sin pudor de políticos al sector empresarial.  La falta de sanciones ejemplares y las malas prácticas e ineficiencia de las Administraciones, con un importante déficit de control, componen el corolario de la corrupción.

Transparencia suspende la calidad del Sistema Nacional de Integridad de España, basado en un bipartidismo que se reparte las cuotas de poder de las instituciones, todo ello en una cultura cívica de baja intensidad. A la postre, es un sistema que formalmente parece adecuado, pero con una muy deficiente aplicación de la normativa, también en el mundo empresarial.

La organización requiere un gran pacto de las Organizaciones No Gubernamentales para coordinar sus actividades anticorrupción, regular la actividad de los lobbies y crear un registro, que muestre el objetivo claro de su actividad y los beneficiarios. Las empresas deberían acogerse al Pacto Mundial  e implementar políticas de Responsabilidad Social Corporativa, además de cumplir estrictamente con los códigos éticos y de buen gobierno.

A los partidos políticos les exige que no incluyan en las listas a candidatos convictos por corrupción, implantar primarias para la elección de los órganos de poder y fomentar las actitudes democráticas internas. Su financiación debe estar sujeta a las normas internacionales, GRECO, con una memoria detallada de las cuentas.

Reclama una Agencia Anticorrupción bajo la tutela del Defensor del Pueblo que se encargue de promover buenas prácticas y comportamientos éticos, y prevenir la corrupción. El Tribunal de Cuentas debe despolitizarse mediante mecanismos de elección apropiados y priorizar los trabajos y evitar los retrasos desmoralizantes que marcan su actuación. Es vital legislar y proteger la figura del testigo que denuncie la corrupción, los fraudes y abusos, y sugiere que sea el Defensor del Pueblo quien tutele esa figura. Despolitizar los órganos del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Combatir la economía sumergida. Abrir las listas electorales y garantizar la calidad e independencia de la Función Pública, evitando al máximo el nombramiento de personas afines ideológicamente.

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