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Latinoamérica

Un congresista peruano denuncia presiones de Coca-Cola en los ministerios de Economía y Vivienda

17-09-2014

El congresista Manuel Dammert, integrante de la bancada de Acción Popular – Frente Amplio, denunció que existió un lobby al interior de los ministerios de Economía y Vivienda para beneficiar a la Corporación Lindley, representante en el Perú de Coca-Cola, en sus diferencias con el Servicio de Parques de Lima (Serpar). “Es falso que se trata de un asesor que por ahí perdió los papeles y que hizo una copia, eso es falso, aquí ha habido una acción lobbista premeditada e ilegal”, sostuvo en conferencia de prensa. Dammert solicitó que se aclare quién estuvo a cargo de la realización del proyecto de ley que copió argumentos de una apelación de la Corporación Lindley contra Serpar, “si fue privado, si fue público”, y cómo llega al Ministerio de Vivienda y “con qué firmas”.

El documento copiado de Coca Cola es el reclamo para dejar de pagar a la Municipalidad, el documento del Ministerio de Economía y Finanzas que fundamenta este artículo en el Consejo de Ministros tiene que incluir el efecto sobre los municipios, sobre el predial, sobre las áreas públicas, sobre el desarrollo urbano, tiene que incluir todas las esferas de políticas públicas, sino está hecho es muchísimo más grave lo que ha ocurrido, es una acción lobbista en el propio seno del Consejo de Ministros“, dijo.

Durante la sustentación del presupuesto de la República, el congresista Manuel Dammert pidió al exministro de Economía y FinanzasLuis Miguel Castilla, explicar un supuesto lobby de la Corporación Lindley, representante en el Perú de Coca-Cola Company. Se trata del proyecto de ley 3690-2014, uno de los que el Poder Ejecutivo presentó para reactivar la economía.

Cronología de un escándalo

1. ¿SOLO UN ERROR?
Con cierto malestar, Castilla explicó que esta iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Vivienda, y que su similitud con un documento de apelación que Corporación Lindley presentó al Servicio de Parques de Lima (Serpar) era solamente “un error”. “Durante la elaboración de esta propuesta, un asesor del ministerio de Vivienda cometió un error de reproducir textualmente un extracto de referencias normativas vinculadas a la problemática, utilizando documentos de gremios y de empresas entregados en el marco de reuniones sostenidas entre ese despacho y estos privados”, respondió Castilla.

2. ¿POR DÓNDE SE ROMPIÓ LA PITA?
De acuerdo a fuentes del Poder Ejecutivo, fueron varios los sectores que trabajaron por separado los proyectos de ley que se presentaron para intentar reactivar la economía. El 3690-2014 recayó sobre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Senamiento. El Comercio ha conocido que el funcionario al que se ha responsabilizado por este hecho es el abogado Jorge Garcés Cárdenas, quien renunció al cargo de asesor del despacho del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Incluso el viceministro Ricardo Vidal Núñez puso su cargo a disposición, pero el ministro de Vivienda,Milton von Hesse, no la aceptó.

3. ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?
El proyecto 3690-2014 modifica la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones (N° 29090) para que el aporte que las inmobiliarias deben hacer por habilitación urbana se realice en base al valor arancelario urbano o rústico y no en base al valor comercial de la edificación. Esta modificación representa un ahorro sustantivo a las empresas. El Serpar estima el aporte que harían se reduciría en un 90%.

4. EL PLEITO ENTRE COCA-COLA Y SERPAR
El 4 de febrero de este año, Corporación Lindley pidió a Serpar la cotización del aporte que, por concepto de parques, le había generado la habilitación de un lote industrial de 669.100 m2 en Pucusana. Serpar hizo el cálculo del aporte en base al valor comercial del predio: Corporación Lindley debía pagar S/. 8’316.973,83. Pero mediante un oficio fechado el 15 de abril, la mencionada empresa apeló la decisión argumentando que la cotización del pago debía realizarse en base al valor arancelario, de manera que el pago debía ser de apenas S/. 485.729: Es decir, unos 7,8 millones de soles menos.

5. ¿QUÉ DICE COCA-COLA?
Corporación Lindley y Coca-Cola Company han emitido un comunicado en el cual aseguran que no han “influido en forma alguna ante el Ministerio de Economía y Finanzas en la decisión de formular algún proyecto de ley o en su contenido”. “Rechazamos enfáticamente cualquier especulación sobre el particular”, dice el comunicado. También piden “no hacer uso público de la marca Coca-Cola, exponiéndola como la supuesta única beneficiaria de una discusión judicial alrededor del cumplimiento de una norma”.

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