En pleno escándalo de los papeles de Panamá que muestran el arraigo de la elusión y la evasión fiscal, que se ha conseguido desvelar a través de una filtración de los archivos de los principales cómplices de esta lacra, los despachos de abogados especializados, en este caso el panameño Mossack Fonseca, el Parlamento Europeo aprobó ayer con el apoyo de la derecha al que se sumó la mayoría de los diputados socialistas, la directiva de secretos comerciales, destinada a proteger a las empresas del espionaje industrial que, sin embargo, también supone un varapalo al margen de actuación de quienes desvelen informaciones de empresas que tienen un interés público muy relevante. Periodistas y delatores de malas prácticas pueden ser condenados, ya que la directiva sólo autoriza a informar de algo que sea delito.
Con esta directiva difícilmente se hubiera podido conocer el montaje fiscal negociado entre Luxemburgo y bastantes multinacionales o tampoco algunas malas prácticas de laboratorios farmacéuticos en sus ensayos clínicos, problemas medioambientales generados por sustancias químicas y un largo etcétera de información que la nueva norma puede sustraer a la opinión pública. Esta directiva restringe también el acceso a los documentos y audiencias que se celebren en juicios para proteger el secreto comercial. Resulta demoledora especialmente por el carácter intimidatorio para quien quiera revelar un secreto ya que inmediatamente se enfrentará a un juicio, en el que con esta directiva la carga de la prueba se invierte.
Las empresas solamente tienen que probar que no han permitido que se desvele en prensa u otro medio lo que ellas consideran un secreto comercial, mientras que los delatores o lanzadores de alerta (whistleblowers) tienen que demostrar que han actuado de acuerdo con las excepciones previstas en la directiva (ejercer la libertad de expresión movido sólo por el interés público, lo que puede dejar fuera la compra de documentos comprometedores).
Habrá que ver cómo van ajustando esta norma los jueces, pero lo más irritante es que el Parlamento Europeo anteponga esta norma restrictiva en cualquier caso para la libertad de expresión y el conocimiento de asuntos de previsible interés público a otras que son necesarias ante las constantes filtraciones de documentos comprometedores para las empresas, especialmente de las multinacionales. Lo que necesita el ciudadano europeo es una ley que proteja la delación de interés público y que marque normas de transparencia máxima a las multinacionales. Al respecto hay que señalar que el Partido Popular, que alardea de haber aprobado leyes contra la corrupción ha sido incapaz de proteger la figura del lanzador de alerta,y ha sido muy crítico con el papel de Julian Assange,fundador de Wikileaks o de Edward Snowden, quien desveló la vigilancia orwelliana de las comunicaciones por parte de Estados Unidos y la complicidad de muchos estados. Pronto será enjuciado Antoine Deltour en Luxemburgo,por el caso Luxleaks.
Una gran coalición de ONG y sindicatos se opone a la directiva
Una coalición europea de 54 organizaciones no gubernamentales y sindicatos, entre ellos Comisiones Obreras y UGT, habían reclamado en una carta firmada también por casi 300.000 ciudadanos a los diputados europeos que votaran en contra, pero su demanda no ha sido atendida. Habrá que ver ahora como se ajusta esta directiva a las leyes nacionales por los diferentes parlamentos, donde se prevé otro batalla.
Corporate Observatory Europe desveló hace un año cómo las multinacionales, abogados y la Comisión, siempre dispuesta a seguir el juego al poderoso, trabajaron para definir esta directiva. Un trabajo muy intenso realizado durante la presidencia luxemburguesa de la Unión Europea que concluyó en un acuerdo provisional con el Parlamento alcanzado en diciembre del año pasado. Hay que recordar que el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, mostraba especial interés en este tema ya que fue retratado con el escándalo de los acuerdos fiscales con multinacionales de Luxemburgo cuando Juncker mandaba en el ducado.El portal público luxemburgués, Europaforum, publicó ayer un comunicado de prensa en el que se felicitaba por la aprobación, con 503 votos a favor y 131 en contra, y recogía la opinión del antiguo periodista, Jean Marie Cavada, portavoz del grupo liberal en el Europarlamento, quien asegura que el texto legislativo aprobado es el primero que menciona a los lanzadores de alerta y “abre la vía a una directiva sobre la protección” de éstos.
El programa de recompensar los chivatazos de abuso de mercado es un éxito
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