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Latinoamérica

La petrolera noruega Statoil consigue permisos de explotación en Nicaragua

02-06-2015

La compañía noruega Statoil Nicaragua Holdings B.V. consigue la concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos en una vasta extensión marítima en el Oceánico Pacífico del país, según el Acuerdo Presidencial 71-2015 publicado en el diario oficial La Gaceta del pasado miércoles 27 de mayo y firmado por el presidente Daniel Ortega. La concesión ocupa un área inmensa, de 15,955 kilómetros cuadrados.

Statoil, una empresa con presencia en más de 30 países alrededor del mundo, será el operador del 85% de las acciones, mientras que la Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic) participará con el capital restante. El documento oficial establece que el Procurador General de la República, en representación del Estado, será quien suscribirá el contrato de la concesión tanto con Statoil y Petronic. “Esta es una oportunidad a largo plazo con alta incertidumbre en el subsuelo, pero con potencial de impacto”, dijo Nick Maden, vicepresidente de las actividades de exploración de Statoil en el hemisferio occidental, al sitio Offshore Engineer.

Programa de exploración por etapas

Maden explicó que Statoil realizará un programa de exploración por etapas, con una primera fase de dos años y medio, en la que además se realizarán estudios de geología y geofísica, que serán la base para que la compañía decida el trabajo a realizar según la concesión entregada por Nicaragua.

En su informe anual de 2014 el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) criticó la política extractivita del gobierno sandinista, porque “continúa afectando al país con repercusiones medioambientales,  sociales, económicas y políticas, negativas, principalmente en las comunidades asentadas en los  territorios que son objeto de explotación”.

El CENIDH señaló que de manera particular se afecta la seguridad jurídica,  la tenencia de la tierra, y, además, se provoca inestabilidad social al propiciar la conflictividad entre las industrias y las comunidades de la zona, y entre las comunidades mismas. “Se les viola el derecho de consulta libre, previa e informada que tienen las comunidades”, dijo Mauro Ampié, director jurídico de la organización.

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