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21.400 entidades públicas ocultan sus gastos al no existir una Ley de Transparencia

30-09-2012

“Somos partidarios de que se sancione al funcionario que no informe o   que no conteste las peticiones de los ciudadanos. A las 21.400 entidades públicas con que cuenta España se las debe obligar  a contestar todo lo que se gasta y cómo se gasta y a revelar su patrimonio”, señala Jesús Lizcano,  presidente de la delegación española de Transparencia Internacional. Este economista forma parte del comité de expertos que el Partido Popular incluyó para la mejora del articulado de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Ninguno de los expertos ha sido convocado para aportar sus conocimientos.

“La transparencia debe ser regulada por un organismo independiente, de partidos políticos y de ministerios”, subrayó Lizcano en el transcurso de una mesa redonda celebrada por varios partidos políticos, de la que se ausentó el representante del Partido Popular, González Pons. “Esta ley es importante para frenar la desafección entre la ciudadanía y los políticos. Pero no creo que tenga como finalidad combatir la corrupción”, sostuvo Meritxell Batet, en representación del PSOE. Algo en lo que discrepa Irene Lozano de UPyD, para quien “si se hubiera aprobado hace veinte años habría menos corrupción”. Joan Josep Nuet, representante de Izquierda Plural, adelanta a La Celosía que su coalición presentará una enmienda para la creación de un registro de lobbies, proposición que presentó hace seis meses y fue desestimada por el Partido Popular por no considerarla aceptable.

“El Partido Popular hizo un gran bandera e icono de la Ley de Transparencia alentando un debate social y esto no se ha dado”, denuncia Josep Nuet. “El PSOE incumplió su compromiso de aprobarla tras ocho años de gobierno”, reconoce ahora su representante Meritxell Batet que la considera un derecho esencial para los ciudadanos. Pese a las críticas sobre opacidad y retraso, recogidas por La Celosía,  España sigue siendo el país más cerrado de toda Europa a la hora de posibilitar el acceso a la información. Mientras los políticos se echan la culpa de este retraso, al pueblo se le oculta desde la financiación de los partidos políticos a las cuentas detalladas de la Casa Real y de otras instituciones relevantes.

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