Por primera vez la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa planta cara a la industria farmacéutica para defender a los ciudadanos. En la resolución ‘La salud pública y los intereses de la industria farmacéutica: cómo garantizar la primacía de los intereses de la salud pública’, defendida por la diputada suiza Liliane Maury Pasquier, recientemente aprobada, el Consejo denuncia el aumento del precio de los medicamentos que los laboratorios justifican por la millonaria inversión en investigación. “El precio exorbitante de tratamientos contra el cáncer y la hepatitis C es de particular preocupación”, señala Maury Pasquier y constata como “en los últimos años, a pesar del aumento en el número de nuevos medicamentos introducidos en el mercado, ha habido muy pocos que presentan un beneficio terapéutico real”.
En la resolución la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa aconseja establecer un impuesto obligatorio sobre las actividades de promoción de la industria farmacéutica que financie un fondo público destinado, entre otras actividades, a la formación de los profesionales de la salud. También recomienda incrementar la financiación de las asociaciones de pacientes con fondos públicos con el fin de evitar la excesiva dependencia de la financiación privada; es decir de los propios laboratorios. Así como garantizar la transparencia absoluta y asegurar que las personas con conflicto de intereses queden excluidas de los procesos de toma de decisiones sensibles. Con respecto a la investigación y desarrollo de nuevas moléculas terapéuticas, el Consejo de Europa plantea a los laboratorios la introducción de criterios como el valor terapéutico añadido (en relación a los tratamientos existentes), o una ‘cláusula de necesidad’, lo que implica que un fármaco también debe evaluarse en relación con la necesidad médica.
Una fuerte protección de la propiedad intelectual
es necesaria para el descubrimiento y desarrollo
de nuevos tratamientos para los pacientes
En Estados Unidos los fabricantes de nuevos medicamentos destinados a salvar vidas amenazan con frenar las inversiones por recortarles el periodo de exclusividad. La asociación de investigadores y empresas biotecnológicas, Investigación y Fabricantes de América (PhRMA), denuncia que el nuevo Acuerdo Comercial Transpacífico, recientemente aprobado, limita las protecciones de exclusividad de datos para los nuevos productos de 5 a 8 años en lugar de los 12 años solicitados por la industria, lo que va a desalentar la inversión e impedir el desarrollo de nuevos tratamientos. “PhRMA cree que una fuerte protección de la propiedad intelectual es necesaria para el descubrimiento y desarrollo de nuevos tratamientos y terapias para los pacientes del mundo. Estamos decepcionados de que los ministros no lograran asegurar 12 años de protección de datos para los medicamentos que representan la próxima ola de innovación en nuestra industria”, señala en un comunicado John Castellani, presidente y consejero delegado de esta asociación norteamericana.