El fondo Burford, que compra y financia pleitos, se lleva el 43% de los 324 millones de dólares de indemnización de Argentina a Marsans

Pocas ilusiones deben hacerse los más de 3.000 trabajadores que se vieron en la calle tras la quiebra de la aerolínea Air Comet y el grupo Marsans, ocurrida en 2010 siendo sus propietarios el ex presidente de la patronal, hoy encarcelado y con causas pendientes, Gerardo Díaz Ferrán, y su socio ya fallecido, Gonzalo Pascual, tras conocerse que Argentina deberá indemnizar con 324 millones de dólares más intereses todavía por definir a las sociedades de Díaz Ferrán y Pascual, ya quebradas y cuyos activos pasaron a la masa de los concursos de las empresas del grupo, por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.

Aunque las sociedades Teinver, Transportes de Cercanías y Autobuses Urbanos del Sur, propiedad de Díaz Ferrán y su socio, pedían una indemnización de 1.100 millones de dólares, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) resolvió ayer que la cantidad que Argentina debe pagar es de 324.254.807 millones más los intereses desde 2008, que tienen que ser calculados.

Sin embargo, será un fondo británico, Burford, especializado en financiar y comprar pleitos, el que se lleve alrededor de 140 millones de dólares, el 43% de esta cantidad, según ha informado el propio fondo, ya que los malversadores dueños del grupo Marsans pignoraron a favor de Burford la posible indemnización a cambio de que se hiciera cargo de los gastos del pleito, siendo el bufete estadounidense King&Spalding el defensor de los intereses españoles.

El contrato de pignoración de la potencial indemnización lo hizo Díaz Ferrán

El negocio de Burford ha sido brutal, con una plusvalía del orden del 1000%, ya que solamente ha gastado 13 millones. El acuerdo al que llegaron los dueños de Marsans con estos buitres, al que luego se adhirió la administración concursal de Air Comet, establecía que cobrarían una cantidad fija del orden de 4 veces el dinero que hubieran gastado hasta el fallo del CIADI, más unos porcentajes escalonados, según la indemnización conseguida, un 40% de los primeros 100 millones, y el 30% para el resto hasta 500 millones. Burford se reservaba también el derecho de indicar a Argentina una cuenta secreta en la que debía ingresar el dinero, para que nadie obstruyera su liquidación.

Díaz Ferrán y su socio fallecido eran conscientes de que sacarían bastante tajada de la expropiación de Aerolíneas e intentaron salvar esta posible indemnización vendiendo las sociedades que habían pleiteado al testaferro delincuente Ángel de Cabo, quien se hizo cargo de los acuerdos con el fondo buitre a través de su sociedad Posibilitum. Este liquidador compró también Marsans en un intento de alzar bienes, pero finalmente terminó en la cárcel, y los jueces anularon las operaciones de compraventa realizadas entre Cabo y Ferrán.