España contabiliza 8 lugares en Europa que no cooperan fiscalmente mientras que Bruselas solo incluye a 4 en su lista negra

La Comisión Europea presentó su plan de acción para establecer una base imponible común en el impuesto de sociedades, dejando a los países miembros libertad para establecer el tipo, con la idea de tener un marco jurídico que obligaría también a las empresas a pagar los impuestos allá donde generan los beneficios. El ‘Action Plan for Fair and Efficient Corporate Taxation’, que así se llama en inglés, conlleva también una consulta pública, que se cerrará el 9 de septiembre, para conocer las opiniones sobre si es acertado requerir a las empresas que ofrezcan más información sobre los impuestos que pagan, y si deben hacer público la cantidad que abonan en cada país donde operan.

En esta línea de reforzar la transparencia fiscal publicó ayer una lista de 30 lugares, países, microestados y asimilados, que de una manera u otra se pueden considerar paraísos fiscales porque no cooperan adecuadamente en materia fiscal. Esta lista incluye a cuatro europeos, Andorra, Guernesey, Liechtenstein y Mónaco, y hay un predominio de islas caribeñas y plazas tradicionales de lavado de dinero como Panamá y Hong Kong. Hay un contraste importante con los 44 territorios que, a 31 de diciembre, España suspendía en materia de cooperación fiscal, de los cuales 8 europeos, el doble que en la lista de la Comisión. Los cuatro que Bruselas no ha contabilizado y sí lo hace España son Gibraltar, Isla de Man, Jersey y San Marino. Sorprende que de los 3 países con más poder de la Unión Europea, Alemania y Reino Unido no tengan lista y Francia contabilice 8, pero ninguno europeo.

El modelo que se quiere implantar es el mismo fallido de 2011 eliminando la consolidación

Esta disparidad es una muestra más de las dificultades con las que se encontrará a lo largo de 18 meses, que es el plazo que se dado la Comisión para fijar la base imponible común y el resto de medidas que deberían reducir la alarmante elusión fiscal. El pasado mes de abril se había dado un paso importante en ganar transparencia, cuando todos los países miembros acordaron en una reunión de ministros de Finanzas (Ecofin) la puestaen marcha de un sistema de intercambio automático de información sobre los acuerdos de carga fiscal que bastantes países mantienen con multinacionales, el Tax Transparency Package.

La idea de establecer una base imponible común, Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), ya se propuso en el 2011, pero cuatro años después de la propuesta no se ha conseguido introducir tras arduas negociaciones técnicas por falta de unanimidad. La presión de los ciudadanos y organizaciones civiles, así como del Parlamento Europeo por el bajo nivel impositivo de las grandes empresas ha obligado a retomar los contactos con el compromiso de ir adoptando la norma por etapas. También es ahora el momento más propicio para conseguir el objetivo por los acuerdos que se han tomado en la OCDE sobre las BEPS (acrónimo en inglés) Erosión de las Bases y Transferencias de  Beneficios, que se consiguen a través de planificación fiscal aprovechando las discrepancias e inconsistencias de las Haciendas nacionales, consiguiendo  llevar los beneficios a los lugares donde la tributación es mínima, lo que ha permitido a las grandes empresas eludir el pago de impuestos.

El establecimiento de una base imponible común conlleva una pérdida de soberanía

Lo cierto es que en 2011 cuando se propuso la homologación de bases imponibles se hacía con el espíritu, o así se vendió al menos, de eliminar costes de la burocracia administrativa y la incertidumbre jurídica , pero ahora de lo que se trata es de que sea una fiscalidad más equitativa y eficaz en el mercado único. Ya todo el mundo se ha quitado la máscara y se deja de hablar de inseguridad jurídica y coste burocrático para hacerlo de evasión e ingeniería fiscal.

Para que no falle el plan, y  no se repita lo que  ocurrió con la propuesta de 2011, se eliminará la ambición de hacer una sola base imponible consolidada, limitando las normas a la armonización de las reglas. En cualquier caso, el plan conlleva una pérdida de soberanía que siempre es el talón de Aquiles en la UE, y tampoco eliminará la competencia fiscal, que puede conllevar deslocalizaciones. El impuesto de sociedades en Irlanda es del 12,5% y el Reino Unido lo ha bajado desde el 1 de abril al 20%, mientras que en España será del 25% el año que viene.

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