FCC redujo las dotaciones para litigios cuando más las necesitaba por la quiebra bajo sospecha de Alpine

Algunos balances de sociedades cotizadas no presentan ni de lejos la imagen fiel de la sociedad, tal como exige una buena auditoría. Fondos de comercio inflados, falta de dotaciones, ingeniería financiera para evitar deterioros y otras malas prácticas contables están siendo moneda corriente en el Ibex 35 sin que los comités de auditoría, presididos por presuntos consejeros independientes, ni el auditor externo adviertan de las irregularidades.

El último caso lamentable es el de FCC, una empresa que ha bordeado la quiebra, mantenida con respiración asistida por la banca acreedora y que ahora se apresta a captar 1.000 millones de euros en Bolsa no para realizar alguna potente inversión que le permita salir del letargo, sino para tapar agujeros y pagar deuda, procedimiento en el que la familia Koplowitz ha encontrado un buen samaritano en el multimillonario Carlos Slim.

En el folleto de la ampliación, la empresa presidida por Esther Alcocer Koplowitz no tiene otro remedio que desvelar el marrón que tiene todavía en Alpine, su filial austriaca que presentó en junio del año pasado la mayor suspensión de pagos de la historia de Austria, con un pasivo de 2.600 millones de euros, y que el administrador judicial instó su liquidación casi de inmediato. Una quiebra fulminante, cuando pocos meses antes, las cuentas consideraban válida la valoración de 119 millones de euros de fondo de comercio de la austriaca. El comité de auditoría tenía de presidente a Gustavo Villapalos, recién nombrado en verano de 2013, sustituyendo al también miembro del comité, Gonzalo Anes, ya fallecido, que llevaba 13 años de independiente. El resto de quienes debían velar por una presentación de cuentas respetable eran las dos hijas, Alicia y Esther, de quien controlaba más del 50% del capital, Esther Koplowitz, y el ex marido de ésta, Fernando Falcó, marqués de Cubas. Un lujo de comité de auditoría.

La empresa sólo tiene 18 millones provisionados

para litigios de una quiebra acusada de fraude

Se entiende así que la empresa dijera sin pudor sobre la quiebra de su filial austriaca que “el grupo FCC ya he recogido de forma íntegra en sus estados financieros el impacto de esta situación, al valorar a cero la totalidad de los activos de Alpine ya en el primer semestre del ejercicio, sin estimar efecto alguno adicional”. Se informaba así a los accionistas que con los 424 millones de pérdidas contabilizadas por el descalabro de su filial, consecuencia de poner a cero el valor de la participada, que tres meses antes la tenía con un valor en libros de 273 millones, y añadirle la pérdida acumulada ese año y las provisiones por riesgos asociados, se daba por concluido el triste episodio.

Sin embargo, no informaba de las previsibles demandas que iba a sufrir, ya que Alpine había captado casi 300 millones de euros con emisiones de bonos dos años antes con unas cuentas que no se sostenían. El hecho grave es que FCC bajó las provisiones por litigios de 241 millones en 2012 a 123 millones el año pasado, cuando el administrador judicial de la quiebra había instado la liquidación y los despachos de abogados alemanes preparaban demandas contra la española. De esos 123 millones, sólo 18 correspondían a la provisión por Alpine.

Ahora, a raíz de publicar el folleto de la ampliación, en el que hay que retratarse mejor, FCC informa de que el administrador judicial de la quiebra de Alpine impugna la venta de la filial de energía de la austriaca, realizada antes de la suspensión de pagos, que le puede costar en torno a los 80 millones de euros. Además, un banco austriaco, del que no da el nombre, tiene interpuesta una denuncia penal contra FCC y uno de sus directivos, en la que le acusa de presentar un balance falso del grupo Alpine en la petición de un préstamo que le concedió. La fiscalía ha sumado esta denuncia a otra de bonistas que acusan de lo mismo. Hay otra reclamación del administrador judicial de rescisión de una compensación de cuentas entre FCC y Alpine valorada en 14,5 millones. También una demanda civil del administrador judicial reclamando 5,7 millones de euros por el precio pagado por FCC de unas filiales de Alpine dos años antes de la quiebra.

El rosario de reclamaciones, que FCC no atisbaba continúa con la demanda arbitral de la sociedad luxemburguesa Anton Midco, en la órbita de Triton Partners, por la compra del negocio de energía de Alpine, en el que reclama 11,3 millones de euros, y que FCC reconoce estar negociando un acuerdo.  También negocia otro acuerdo sobre una demanda de 13 millones de euros por una operación con una sociedad croata. Además, empleados de FCC han reconocido también que no notificaron adecuadamente una revisión de  las cuentas de Alpine.

FCC no ha desvelado hasta ahora el grave problema legal al que se enfrenta por Alpine

Por último y quizás sea lo más grave, FCC reconoce que en octubre del año pasado, el administrador concursal le pidió que asumiera la responsabilidad del pago de 286 millones de euros por préstamos intragrupo que corresponden a las tres emisiones de bonos de la austriaca antes de que quebrase. A pesar de que la carta era de octubre, FCC no la consideró merecedora de una nota en los riesgos. Ahora, según fuentes recogidas por la prensa alemana, se está preparando una acción contra FCC por considerarla último responsable de las cuentas de Alpine, que según la acusación estaban falseadas. También Deloitte, que es el auditor de FCC, podría ser acusada porque era el auditor de Alpine cuando emitió la deuda.

A pesar de toda esta retahíla de demandas y reclamaciones desveladas ahora, se podía leer en las cuentas presentadas a los accionistas para que las aprobasen en la junta de este año que “la Dirección de FCC entiende que no es probable que se ponga de manifiesto ningún quebranto adicional significativo para el Grupo como consecuencia del proceso concursal y liquidación de las sociedades del grupo Alpine”.

Baldomero Falcones, que abandonó “por motivos personales”  la compañía arruinada, cobró 7,5 millones de euros de indemnización pactada

Tras saberse todo esto y la desastrosa gestión llevada a cabo en los últimos años no se entiende que FCC pagase al anterior consejero delegado, Baldomero Falcones, que abandonó el barco el 1 de enero de 2013, ya conocedor del agujero brutal de la filial Alpine, la cantidad de 7,5 millones de euros (7.500 miles de euros, en la jerga oficial de FCC), “correspondiente a la indemnización pactada entre la Sociedad con el anterior consejero delegado, por resolución anticipada de su contrato”, según el informe de gobierno corporativo. Resulta que esta “resolución anticipada” se debió según el mismo informe depositado en la CNMV a “motivos personales”. Una broma muy cara.

Después de todo lo ocurrido, cuesta creer que el grupo cementero tenga el valor contabilizado. El fondo de comercio de Uniland es de 587 millones de euros y el de Portland Valderrivas, de 216 millones. El accionista de FCC en lo único que puede confiar es que con la entrada de Carlos Slim en el capital, en una acción concertada que probablemente era exigible de una OPA, el consejo de administración se profesionalizará.