La CNMV somete a un ‘tercer grado’ a Indra

Los problemas para el presidente de Indra, Javier Monzón, se acumulan. Por un lado, el Gobierno desde la posición de poder que le concede la participación estatal del 20% en el capital, desea verle fuera de la compañía, que no se olvide tiene una parte de negocio en el sector de Defensa. A esto se añaden las sospechas de corrupción en operaciones realizadas por la compañía que han reaparecido en los medios de comunicación con motivo de la detención en la ‘Operación Púnica’ de un directivo de una empresa pública  por operaciones irregulares con Indra de proveedor. Por último, a los malos resultados de la multinacional española han provocado un hundimiento de la cotización, que en un mes se ha dejado ya casi un 20% de su valor, se suma un requerimiento exhaustivo  de información aclaratoria por parte de la CNMV sobre las cuentas del ejercicio de 2013, del que no sale precisamente muy bien parado.

En muy raras ocasiones, la Comisión Nacional del Mercado de Valores somete a una empresa a un interrogatorio de tercer grado como al que ha sometido a Indra para que aporte información adicional a sus últimas cuentas auditadas. La empresa que preside Monzón ha contestado a este requerimiento en un documento que ocupa 40 páginas y que concluye con nada menos que cuatro ‘recomendaciones’ del regulador bursátil sobre la formulación de cuentas para el ejercicio presente.

La valoración de los fondos de comercio

activados por desarrollos quedan en entredicho

La petición de la CNMV atañe a las dudas contables que se muestran en el documento, especialmente en la valoración de los fondos de comercio, las razones e instrumentos utilizados por la dirección de la empresa para justificar la valoración de activos, la falta de información aclaratoria sobre las contraprestaciones pactadas con terceros a los que se compra un negocio, y  en la revelación del nivel en el que se clasifican los valores razonables  de los activos y pasivos, en gran medida discrecionales.

Mucho trabajo ha tenido la dirección de Indra, encabezada por el propio Javier Monzón, un ex auditor él mismo,  y el auditor de la compañía, KPMG, para contestar las cuestiones planteadas por la CNMV. La institución que preside Elvira Rodríguez, muy sensibilizada ante los engaños que han sufrido los inversores,  muestra una cara casi inquisitorial en las aclaraciones que pide a Indra. En relación a la valoración de los activos intangibles, que se ha más que duplicado en lo que atañe al coste de desarrollo de soluciones en los últimos cuatro años,  hasta alcanzar los 177 millones de euros, el supervisor pide “la evidencia” que tiene Indra para concluir que esos desarrollos le rentarán suficiente como para valorarlos a ese precio. La compañía se justifica con generalidades y con una horquilla excesivamente amplia  “entre 8 y 13 años” en el plazo previsto de generación de beneficios.

La CNMV , en una constante interpelación, pone en evidencia a Indra, que primero habla de utilizar el 20% en las amortizaciones y luego reconoce que en algunos desarrollos la tasa aplicada es del 10%, reconociendo además la compañía que no había reflejado correctamente en las cuentas el cambio en el porcentaje de amortización. Sorprende sobremanera que en la “confesión”,  Indra reconozca que activa los desarrollos de proyectos siete y nueve años antes de empezar a amortizarlos.

La compra del negocio de Brasil ha resultado bastante ruinosa

El coste que ha supuesto la compra de Politec, el negocio brasileño, es sometido a escrutinio por la CNMV y la empresa contesta a las preguntas con una larguísima explicación, pero con algunos datos interesantes, poco favorables para Indra como por ejemplo que el vendedor ofreciera como garantía para cubrir posibles “pasivos contingentes garantizados” unos inmuebles que ahora ya valen un 35% menos que cuando se formalizó el contrato de compra sin haberlos tasado (a ojo).

A pesar de que el negocio de Brasil está siendo una ruina, según se desprende de las contestaciones que da al regulador, Indra insiste en que no hay necesidad de provisionar nada. La empresa que preside Monzón retiró en sus cuentas del año pasado la provisión que tenía sobre un potencial pago variable establecido cuando el contrato de compra, pero reconoce que “todavía no se ha cerrado el proceso” y han surgido contingencias millonarias inesperadas. Las respuestas son farragosas, distractivas e imprecisas.

Sorprende que en el apartado de cuentas a cobrar, Indra reconozca que entre diciembre de 2013 y junio de 2014 han aumentado las que tienen factura emitida hace más de un año y que ascienden a 66 millones de euros, pero que no están provisionadas, porque la empresa expone un sinfín de exclusiones y excepciones a la consideración de una deuda necesitada de provisión por deterioro.  Visto así la credibilidad del balance queda afectada. Los errores que reconoce en algunas partidas de derivados tampoco ayudan.

Resulta bastante escandalosa la explicación que da Indra para mantener unos periodos de pago a proveedores muy alejados de lo que marca la ley, y que sumaban facturas por valor de casi 700 millones frente a 190 millones dos años antes. Tampoco resulta convincente que otra de las operaciones obscuras de Indra, como fue la compra de Gnubila, empresa del hijo de Felipe González y en la que había entrado en el capital Joaquín Moya, ex consejero de Indra a la que tiene alquilado un inmueble. La empresa de Monzón reconoce que a pesar de que la sociedad adquirida era propiedad de Oyauri, en la que Indra participaba en el capital, no informó de las relaciones vinculadas.