Londres frena la elusión fiscal de la banca con la compensación de las pérdidas en la crisis

La ‘Declaración de Otoño’ del ministro de Hacienda de Reino Unido, el Chancellor of Exchequer, es junto a la presentación del Presupuesto, el acto económico parlamentario más relevante del país. Aunque hace unos años la gran diferencia entre ambos era que las variaciones de impuestos se reflejaban en el Budget, y se dejaba el Statement para marcar proyecciones económicas y asignaciones de gastos, con el actual chancellor, George Osborne, las líneas de separación ya no están claras, y anuncia cambios fiscales en la Declaración. Otra diferencia, excéntrica y muy british, es que el ministro está autorizado a beber alcohol en el Statement, pero no en la presentación del Presupuesto.

La tasa del 25% al beneficio eludido al fisco por las multinacionales genera mucho ruido y pocas nueces

Aunque se ha producido mucho ruido mediático sobre el anuncio realizado por Osborne  de imponer una tasa del 25% a los beneficios ‘desviados’ por las multinacionales mediante ingeniería fiscal con transacciones en países terceros, Irlanda, Holanda, Luxemburgo y Suiza, fundamentalmente, la medida tiene mucho ruido y pocas nueces, y trata de acallar las protestas de los ciudadanos por el escarnio de la elusión fiscal de las multinacionales, especialmente las tecnológicas. No obstante, sí supone un avance muy notable la exigencia que impondrá Reino Unido a las multinacionales de informar de la actividad país por país.

El Tesoro ha estimado que con ese gravamen, que se adelanta a los acuerdos globales firmados por los países de la OCDE, se recaudarán 270 millones de libras en el primer año completo (2016), y alrededor de 1.300 millones de libras (1650, en euros) en los cinco próximos años, una cantidad muy baja, teniendo en cuenta que sólo Google facturó el año pasado 3.000 millones de libras y el margen de beneficio anda por el 30%. Londres aprovecha también para abrir a consulta pública la implantación de los acuerdos de la OCDE

Bélgica aumenta de 3.000 a 7.500 euros los pagos en billetes para apoyar su negocio de diamantes

Habrá que ver ahora si otros Estados siguen la norma británica qué ocurre cuando los países utilizados como pantalla reclamen en la Unión Europea la validez de sus estructuras,y se produzca una batalla judicial de orden fiscal. Ya ayer hubo anuncios de otro índole que reflejan la competencia fiscal en la UE. Bélgica ha decidido elevar de 3.000 euros a 7.500 euros la cantidad de dinero que se pueda pagar en líquido sin rendir cuentas, aparentemente para no perder el mercado de diamantes.

Una medida del paquete anunciado en Londres que sí es muy relevante es la limitación anunciada ayer a los créditos fiscales de las entidades financieras. Debido a las milmillonarias pérdidas de muchos bancos en la crisis financiera, que forzó su rescate, los bonos fiscales adquiridos permitirían a los bancos no pagar impuestos sobre los beneficios que ya están obteniendo durante 15 o 20 años. Por esta razón, Reino Unido ha decidido limitar la compensación de pérdidas a la mitad del beneficio, quedando el otro 50% sometido al pago.

El Gobierno de Rajoy ha permitido a la banca capitalizar los créditos fiscales asumiendo riesgos el Estado

En España, el gobierno, de derechas como el británico,  que encabeza Mariano Rajoy ha actuado de manera muy diferente, permitiendo a la banca ‘capitalizar’ 25.000 millones de euros de estos créditos fiscales para que fuera holgada a las pruebas de resistencia recientemente realizadas bajo la supervisión del BCE. Con el agravante de que si los bancos no consiguen suficientes beneficios en el plazo que está vigente el crédito fiscal, será el Estado el que avale el desfase. La banca cuenta además con otros 25.000 millones de créditos fiscales no autorizados para contabilizarlos como capital, pero sí para deducir del beneficio, por lo que pasarán unos cuantos años antes de que contribuyan a las arcas del Estado (el beneficio del año pasado del conjunto de la banca fue de 7.300 millones). La decisión británica puede elevar la presión política sobre el gobierno de Rajoy para que modifique el tratamiento fiscal de las pérdidas de las entidades financieras.

Un informe del BCE cifra las pérdidas del rescate de la banca española en el 4,1% del PIB, 40.000 millones, sin contar las garantías concedidas